Ejecutivo alista nueva ley de contrataciones: los puntos claves que debe tener en su radar

El 20 de enero pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el anteproyecto para que los interesados puedan opinar durante 30 días.

Según Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, es positivo que el Gobierno tenga en el radar realizar una reforma integral de la Ley de Contrataciones del Estado, para que exista transparencia y digitalizar las áreas.

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“La situación de las obras públicas requiere una mirada mucho más de fondo, antes de cambios parciales. La propuesta tiene modificaciones importantes respecto a la norma actual, porque se le regula un poco más a los contratos de Gobierno a Gobierno”, afirmó.

Sin embargo, la especialista consideró que hay aspectos que podrían mejorar. “Por ejemplo, en el marco de las normas de contratación, como están vigentes, hay una situación en la cual no es posible, al momento de la ejecución contractual, de ir desarrollando el proyecto si se presentan cambios, no hay mucha flexibilidad para poderlos tratar de forma colaborativa entre el Estado y las empresas ejecutoras”, acotó.

Detalló que se podría adaptar un poco lo que se viene desarrollando a través de los contratos colaborativos y aplicarlo desde que se está elaborando el expediente técnico para que también pueda ir recogiendo opiniones y dar soluciones de modificaciones.

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Adicionalmente, Gaviño expresó que es importante incorporar espacios de diálogo más colaborativos entre todos los actores, como también precisar más el tema de los impedimentos para contratar y de las sanciones correspondientes cuando se incurren en esos impedimentos.

“La realidad nos viene arrojando distintos casos, como personas contratadas a pesar que no están habilitadas por impedimentos, pero también hay escenarios que deberían de estar regulando. Por ejemplo, hay restricciones para los que son esposos, convivientes, pero no se habla de otro tipo de parejas, o de que tengan hijos en común pero que no convivan”, dijo.

Otro tema que debe mejorarse, de acuerdo a la docente en gestión pública, son con las empresas o personas jurídicas que están inhabilitadas y se presentan a procesos de selección y difícilmente se detectan.

Avanzar en obras

Gaviño refirió que un gran problema son las obras paralizadas y que muchas veces se producen porque no hay espacios para dialogar y buscar una solución conjunta a las modificaciones que se puedan ir desarrollando.

“Otro tema adicional es la subcontratación. Cuando el postor gana los procesos de selección, subcontrata a otras empresas para que se hagan cargo de parte de la obra, pero no lo informan y luego el proyecto queda un poco en el aire y los subcontratistas no reconocidos ante la entidad, no pueden continuar ni cobrar”, precisó.

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Arbitrajes

Para Augusto Villanueva Llaque, árbitro y especialista en contratación pública, la Ley de Contrataciones del Estado no permite dilucidar, a través del arbitraje, todos las controversias que se producen durante la ejecución contractual.

“Un supuesto que se presenta de manera continua es la deficiencia en los expedientes técnicos de obra, por lo que la solución pasa por la aprobación del titular de la entidad de los adicionales de obra. No obstante, la falta de aprobación de estos adicionales no puede ser controvertida en un arbitraje”, refirió.

En esa línea, Villanueva sostuvo que una solución a este problema pasaría porque los adicionales de obra sean ejecutados por el contratista bajo protesto, con una contabilidad separada y el respectivo otorgamiento de garantías adicionales.

“Esto sería más eficiente que continuar la ejecución del proyecto con expedientes técnicos de saldo de obra que muchas veces duplican el valor original de la obra y, sobre todo, por la amplia demora en la ejecución de la infraestructura afectando así al interés general”, argumentó.

Agregó que, en ese escenario, las controversias sobre adicionales de obra, ejecutadas bajo protesto, quedarían suspendidas y se activarían a partir del día siguiente de suscrita el Acta de Recepción de Obra, siendo esta una solución para el destrabe de la inversión pública.

Asimismo, el experto mencionó que la Ley de Contrataciones del Estado considera plazos de caducidad extremadamente cortos que generan un sobredimensionamiento de la cantidad de arbitrajes en comparación a lo que podría ocurrir si se ampliaran estos tiempos.

Indicó que ello permitiría a las partes (contratista y entidad pública) buscar soluciones más eficientes y consensuadas en lugar de que acudir de manera rápida, por cada controversia, a la vía arbitral, encontrándonos así frente a un solo arbitraje que considere todas las controversias producidas en un mismo contrato. “Esto tendría incidencia directa en un menor costo a favor de los contratistas y de las entidades públicas”, aseveró.

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Capacidad de gestión

Por su parte, Juan José Martínez, expresidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), comentó que todos los gobiernos tratan de arreglar la gestión pública cambiando normas.

“El problema no está ahí, sino en la capacidad de gestión del sector público y eso sigue siendo un tema pendiente. Uno podría cambiar la norma para que las cosas se hagan en menos tiempo, pero si la gente no tiene la capacidad de administrar eso, entonces, se van a seguir demorando más de lo necesario”, apuntó.

Martínez señaló que la capacidad de gestión implica trabajar con los temas de recursos humanos, capacitar a la gente y contratar personal diferente.

“Una cosa que podría hacerse es incentivar que las entidades públicas designen a gerentes públicos, que es un sistema que maneja Servir porque ahí ya tienes gente preseleccionada capacitada que puede ocupar puestos directivos”, subrayó el consultor en gestión pública.

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