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El Poder Ejecutivo pre-publicó el proyecto de reglamento acerca de la confianza digital y su fortalecimiento, el cual trata sobre aspectos del uso ético de las tecnologías y la ciberseguridad.
El proyecto está abierto a comentarios hasta el 19 de abril, luego de lo cual pasará a ser revisado y publicado por el Ejecutivo. Sin embargo, ¿qué implicaría exactamente su aprobación?
En el 2020 el Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 007-2020, que busca regular temas relacionados a la confianza digital, como el uso ético de las tecnologías y la ciberseguridad. Sin embargo, pese a que esa norma indicó que se publicaría un reglamento dentro de los 90 días, ello no ocurrió, por lo que parte de lo dispuesto en el Decreto quedó inaplicable. Eso cambiaría ahora.
Pese a que muchos puntos del reglamento son de carácter orientador, sí se establecen algunas obligaciones que ahora deberán ser cumplidas.
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Comunicación de incidentes
Una vez se publique el reglamento, todo proveedor de servicios digitales deberá notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad digital dentro de un plazo máximo de 48 horas.
Aplicación. El Decreto de Urgencia 007-2020 describe a los proveedores de servicios digitales como toda empresa, pública o privada, que realice actividades de servicios digitales del sector financiero, servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas), salud y transporte de personas, proveedores de servicios de internet, proveedores de actividades críticas y de servicios educativos.
Según explica Andrea Zanusso, asociada senior del estudio Olaechea, el reglamento crea los canales y plazos para notificar los protocolos que había impuesto el Decreto de Urgencia.
“Hay muchas empresas que están preparadas para asumir las obligaciones que establece el reglamento, pero definitivamente van a tener que alinear sus programas y planes de gestión y políticas documentadas para encajar dentro de lo referido a incidentes de seguridad digital”, señala la abogada.
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Posibles mejoras
Zanusso añade que si bien los objetivos de la norma son positivos, se debería realizar un análisis de mejora regulatoria exhaustiva respecto de la realidad digital, para cuidar que disposiciones no se crucen con otras normas y evitar imprecisiones.
“Así se lograría que esta norma no sea susceptible de ser cuestionada”, comenta Zanusso.
