La empresa auditora Deloitte publicó un nuevo estudio acerca de la eficacia de las entidades de libre competencia de la región, en el cual se incluyó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), así como a sus pares de Chile, Colombia y Ecuador.
Este estudio, el cual se elaboró a través de encuestas a abogados que tratan de manera frecuente con las entidades de su país, reveló que el Perú se encuentra entre los primeros puestos en un número de categorías y, en otras, inclusive es la mejor en la región.
Uno de los puntos en los que el Indecopi figura como la mejor entidad de la región es el nivel de profesionalización de los funcionarios que laboran en la entidad.
Esto también se refleja en el nivel de análisis jurídico de los casos ante el Indecopi, aspecto en el cual ese instituto lidera en términos de puntaje la región. Esto también ocurre en el nivel de profundidad del análisis económico en las resoluciones emitidas, donde el Perú se encuentra segundo entre los países analizados, solo superado por Chile.
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Posible perdida de profesionales
Al respecto, Felipe Irarrazabal, director del Centro de Competencia “Universidad Adolfo Ibáñez” en Chile, comentó a Gestión que los resultados de la encuesta demuestran la alta confianza que los abogados le tienen al Indecopi, la misma que se ha mantenido fuerte frente a los cambios políticos que afrontó el Perú.
Con relación a ello, la semana pasada la presidenta del Indecopi, Karin Cáceres, solicitó a varios funcionarios de la entidad que pongan su cargo a disposición.
Irarrazabal señala que si la remoción de estos funcionarios se concreta, se podría afectar de manera nefasta la profesionalidad técnica de la institución.
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Posibles mejoras
Alejandro Falla, socio del estudio Bullard, Falla Ezcurra Abogados, señala que pese a que el informe revela data muy positiva con relación al Indecopi, aún quedan espacios en los que es posible crecer, como el uso del programa de clemencia y las garantías de un debido proceso.
Según Falla, existen problemas relacionados al programa de clemencia ya que, en la actualidad, las conductas anticompetitivas se encuentran criminalizadas. Esto desincentiva el uso del programa de clemencia, pues si una persona se adhiere a este con la esperanza de contar con sanciones administrativas bajas, aún tendría una sanción penal, la cual es mayor a cualquier beneficio que pueda recibir.
Además, señala que existe una “debilidad del sistema institucional peruano”. Según el abogado, el hecho de que casi todas las resoluciones del poder judicial confirmen lo resuelto por el Indecopi indica que nos encontramos ante una “cadena de confirmaciones”.
“El Poder Judicial prácticamente no juega rol alguno en la supervisión de las decisiones de las autoridades especializadas”, recalca Falla.
Adicionalmente, enfatiza que existen preocupaciones con relación a la garantía del debido proceso en el marco de los procedimientos ante el Indecopi.