:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GT7DXJSA4JBQLOF5DIGUSZOYNI.jfif)
En su último informe, el Consejo Fiscal, órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), plantea un nuevo panorama para las cuentas públicas en el futuro. El impacto del COVID-19 no solo ha significado dejar de producir para contener el virus, sino también un deterioro fiscal y un crecimiento de la deuda pública. Así, a través de cuatro escenarios, el Consejo Fiscal plantea que la economía podría caer entre 10% y 20% este año, pero también que la deuda pública de todas maneras superaría el 30% del PBI, el límite legal actual; ubicándose entre el 35,1% y el 41,8%.
De igual forma, el déficit fiscal se ubicaría entre el -5,4% y el -9,9% este año, dependiendo de la gravedad del impacto del COVID-19.
Se trata, pues, de un escenario fiscal absolutamente impensado en el que los objetivos de equilibrio deberán ser replanteados. En ese sentido, el Consejo Fiscal plantea, dependiendo del nivel de endeudamiento, sendas de convergencia al año 2028 en el que la deuda pública se logre reducir y ubicar entre un 30% y 35%.
“En todo caso, es importante que el MEF vuelva a calibrar la meta de convergencia de la deuda pública, a la luz de la nueva situación macroeconómica”, señala el informe firmado por Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FNYGYLKR35DKTKWHPEUGSN3Y6Q.PNG)
Por ello, el Consejo Fiscal señala que, si es que no se incrementan los ingresos públicos de manera sustantiva y no se genera mayor eficiencia en el gasto público, los resultados podrían llevar a realizar ajustes exigentes y significativos de gastos para lograr la consolidación fiscal.
En ese sentido, se plantea como necesario una reforma tributaria que permita elevar los ingresos para financiar políticas de Estado, en especial asociadas a la salud y educación. Además, el gasto público deberá ser más eficiente. Finalmente, se plantea que el Ejecutivo y el Legislativo deben emitir medidas más responsables que no eleven el gasto público, como las recientes normas aprobadas en el Parlamento.
Nuevas reglas para un nuevo escenario
En diálogo con Gestión.pe, Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó que lo planteado por el Consejo Fiscal significa “definir un nuevo equilibrio y recuperar con eso el espacio fiscal que teníamos”. En ese sentido, Ramírez señala que se debe insistir en una medida muy comentada en los últimos años pero no se ha ejecutado en su totalidad: la reducción de gasto público superfluo o inefciente.
“Lo primero sería mirar el gasto e identificar aquellos gastos que pueden reducirse. Si bien parece que es imposible, pero en realidad se ha hablado bastante de gastos superfluos. Yo creo que el MEF debería identificar puntos críticos como los rubros de consultoría y las órdenes de servicio menores a 8 UIT, que ha generado la crisis del Ministerio de Cultura”, señala Ramírez.
Un segundo punto, explica el economista, es repensar el sistema tributario. Para Ramírez, el sistema tributario ya ha dado señales de agotamiento en los últimos años y su reforma ha sido postergada constantemente. Con la actual crisis, Ramírez considera que no hay excusas para identificar los cambios que permitan lograr equidad en el sistema. Pensar en factores como la evasión tributaria, la elusión tributaria y la informalidad. Pero también en los beneficios tributarios.
“El otro punto es revisar la exoneraciones y beneficios tributarios porque también es un tema postergado. El MEF ha estado proponiendo cosas, sin embargo, luego ha habido una especie de silencio. Creo que ahora debe volver a plantearse una estrategia de racionalización que entre en vigencia rápidamente”, señala el docente de la Universidad del Pacífico.
Sin embargo, esta reducción de gastos y la busca del incremento de ingresos fiscales no pueden significar un retroceso de la inversión pública, señala Ramírez. Por el contrario, esta debe incrementar considerablemente. Por ello, propone fortalecer los mecanismos de contratación como el utilizado en los Juegos Panamericanos, Obras por Impuestos y las Asociaciones Público Privadas (APP).
“Todos estos últimos años lo que menos hemos tenido es inversión pública. La reducción de gastos significa que el gasto sea más eficiente, es decir quitarle la grasa al gasto. La inversión, al contrario, es lo que tenemos que impulsar más, porque la tenemos muy desfasada y es lo que nos debería ayudar a tener una mayor velocidad de reactivación. Se debe seguir el plan de infraestructura, pero aplicarlo bajo las nuevas normas de contrataciones que están permitiendo hacer y que deberían hacer los procesos más ágiles. Yo preferiría que el Ejecutivo planteé metas concretas de ejecución”, señala Ramírez.
En ese sentido, Ramírez considera que a fines del próximo gobierno el país debería estar cerca de una consolidación fiscal.
“Sin embargo, eso va a depender mucho de las medidas que se tomen desde ahora. Son temas sensibles y normalmente las autoridades los han ido postergando y haciendo pequeños cambios, pero nada tan contundente como lo que ahora debería hacerse”, sostuvo el economista.