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En momentos que las inversiones mineras se empiezan a recuperar (crecieron 19.6% en mayo y 13.3% en los primeros cinco meses del año), tras un año de relativa calma social, hoy la conflictividad vinculada a esa industria extractiva parece resurgir en el sur del Perú.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta junio se registraban 212 conflictos sociales, incluyendo sietes nuevos casos surgidos solo ese mes. De ese total, 95 son casos socioambientales, y de ellos, 62 están relacionados a la minería (el 65.3%).
Además, esa entidad le ha incorporado, en sus alertas tempranas, el riesgo de que se puedan producir nuevos conflictos vinculados a la minería en los siguientes días y meses.
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Lo que se viene
Entre ellos menciona la convocatoria a un paro indefinido en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, contra minera Las Bambas para este 22 de julio, en rechazo de las comunidades en su zona de influencia, a la propuesta económica que les planteó esa empresa.
Advierte que puede devenir en un conflicto socioambiental, el reclamo de pobladores del distrito de Tiaparo, en la provincia de Aymaraes (Apurímac) contra el proyecto de cobre y molibdeno Los Chancas, de la empresa Southern Perú.
Ya a inicios de año esa compañía había erradicado a mineros ilegales del área de concesión de Los Chancas, y se aprestaba a iniciar estudios hidrogeológicos y geotécnicos en la zona, esperando desarrollar allí una inversión de US$2,600 millones.
Conflictos no previstos
A esto habría que incorporar nuevos conflictos no previstos por esa entidad, como son los ataques que viene enfrentando en los últimos días Las Bambas, y que, según indicaron a Gestión fuentes cercanas a esa empresa, han dejado 63 personas heridas, entre personal de vigilancia de dicha compañía y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esos ataques, explicaron, han sido perpetrados por grupos de comuneros procedentes de la comunidad de Pumamarca, que habían invadido el sector de Sallahui, adquirido hace una década por la compañía minera, cerca de su tajo Chalcobamba, y realizaban allí actividades de minería ilegal.
En esa zona, detallan, esos comuneros habían perforado un socavón de 250 metros, en cuyo interior las fuerzas policiales, al momento de intervenirlos, el 9 de este mes, encontraron equipos de minería y explosivos.
No obstante, refirieron que, desde esa fecha hasta la presente semana, esos elementos al margen de la ley han estado atacando –al parecer en represalia por ser desalojados del socavón- a personal de la empresa y elementos policiales, con el saldo de heridos antes mencionado.
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Proyecto en riesgo
A esta situación, que, según las fuentes, la empresa considera una escalada de violencia, se suma una denuncia contra la minera por supuesta contaminación formulada por la comunidad de Huanquire y que podría afectar el proyecto Chalcobamba, que puso en marcha la empresa este año.
Esa denuncia, indican las fuentes, estaría sustentada en un presunto informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que confirmaría tal contaminación, en la construcción de una poza de sedimentación en la zona por parte de la minera.
Tal denuncia a su vez dio paso al inicio a una investigación preliminar contra la empresa, por parte de la Fiscalía Ambiental de Apurímac.
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Al mismo tiempo, refirieron que ANA ha notificado a la minera que le está iniciando un proceso administrativo sancionador por realizar la construcción antes mencionada, sin supuestamente no contar con autorización para ello.
Sin embargo, indicaron que la citada obra sí estaba contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental (para Chalcobamba) que en su momento fue aprobado por las autoridades ambientales, pero que además la ANA no le ha entregado a Las Bambas el supuesto informe donde estaría reportando la presunta contaminación a causa de dicha obra.
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Conflicto por Tía María
De otro lado, este jueves diversos medios reportaron bloqueos de carreteras, movilizaciones y marchas de protesta en algunas localidades de Arequipa, por diversos grupos de manifestantes, rechazando que, según indican, se les pretenda imponer la ejecución del proyecto cuprífero Tía María.
Otro punto de sus reclamos es en contra de la contaminación del río Tambo, a consecuencia de actividad de la empresa minera Aruntani, en un sector de ese afluente que comprende a la región Moquegua.
Vale recordar que ese afluente es compartido por ambas regiones, y que, en el caso de Arequipa, según las autoridades, habría contaminado el valle de El Tambo, el cual por ese motivo sería declarado en emergencia.
Estas manifestaciones de protesta no se veían desde el año 2019, y surgen, luego que Southern Perú anunciara la reanudación de las obras para el proyecto Tía María, a partir de este 1 de julio.
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Gore Arequipa: falta articular Tía María
Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, de quien hasta ahora se conocía que había expresado su respaldo a la ejecución del proyecto Tía María, en diálogo con Canal N más bien dio a entender que hay temas pendientes para que se pueda retomar su ejecución.
Refirió que, si la empresa ha informado que para Tía María ya no utilizará agua proveniente de un proyecto de desalinización, falta que precise de dónde va a tomar esa agua, y que eso se incorpore (mediante una modificación) en su estudio de impacto ambiental (EIA).
Ya el presidente de la compañía, Oscar González Rocha, había revelado a Gestión que ahora prevén la construcción de una represa sobre el río Tambo, que proveería en mayor parte agua para el valle del Tambo, y en menor cantidad para Tía María.
Pero, además, el gobernador regional indicó que aún falta que se realice una coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Southern Perú y la población de la zona (de influencia de Tía María), para que se pueda “articular”, es decir, llevar adelante la construcción de ese proyecto.
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SNMPE pide nueva estrategia preventiva
Domingo Drago, presidente del Comité de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), consideró que este resurgimiento de conflictos, son casos puntuales más no generalizados, pues indicó que, en su mayoría, el país ha reconocido la importancia de la minería para la recuperación económica.
No obstante, consideró que se necesitan reformas y estrategias para la prevención de conflictos sociales, así como para acelerar y simplificar los trámites para el desarrollo de los proyectos mineros.
En tal sentido, refirió que sería importante que, en el discurso al país que dará la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio, incluya anuncios relacionados con las necesidades de reformas y estrategias antes mencionadas.
Estas, subrayó “permitirían abrir oportunidades para concretar inversiones por más de US$ 54 mil millones en un contexto de mayor estabilidad política y jurídica que otorgue certidumbre a los inversionistas mineros en el largo plazo”.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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