El Ministerio de Energía y Minas (Minem) culminó la elaboración de un documento en el que precisa el concepto de rentabilidad social, del que hablara el presidente Pedro Castillo en su mensaje de 28 de julio.
En el documento, al que tuvo acceso Gestión, se fijan siete criterios para determinar si existe o no rentabilidad social en los futuros proyectos del sector.
En este momento hay 46 iniciativas por US$ 56,000 millones.
En el texto del Minem una forma de medir la rentabilidad social de esos proyectos, es obteniendo respuestas afirmativas a una relación de 34 preguntas planteadas para el cumplimiento del conjunto de criterios considerados (ver infografía).
Proveedores
Uno de esos criterios comprende el de la dinamización de la economía en torno al proyecto. Es decir, si la inversión minera puede fortalecer a una cadena de empresas (locales) proveedoras de insumos y servicios, y otras que se desarrollen a partir de lo generado por el proyecto.
En ese punto, el Minem objeta que hoy la industria de insumos y equipos (para la minería) en la mayoría de casos presenta economías de escala que se convierten en barreras de entrada para productores locales.
En tal sentido, una de las preguntas, por ejemplo, es si las compras y licitaciones dirigidas a empresarios locales representan una cantidad relevante del total de las mismas o si se les capacitará para mejorar su calidad y participación.
Joint venture
Otro criterio se refiere al impacto directo o indirecto que puede generar la recaudación tributaria minera en la región donde opera, y en tal sentido, la expectativa del sector es que el proyecto traiga nuevos flujos de capital de impacto local directo.
“La participación de empresarios locales (joint venture) en los proyectos puede mejorar la balanza de pagos, dado que los locales ejercen presión para que se contabilicen los beneficios localmente”, argumenta el Minem.
Como tercer aspecto figura el del nivel y calidad de empleo y salarios, y considera que la creación de empleos indirectos, según las vinculaciones que genere un proyecto, puede ser mucho más importante que los generados directamente, por absorber estos menos mano de obra.
Infraestructura
Un cuarto elemento es si la inversión (sea greenfield o no) puede generar mejoras importantes en la infraestructura local, sobre todo en comunicaciones, transporte y servicios básicos, o si por el contrario puede afectar más bien actividades económicas existentes.
Igualmente, incluye el componente tecnológico, por el cual los proyectos deben emplear procesos más limpios, eficientes y prácticos para sus operaciones, así como la incorporación de técnicos locales.
Como sexto criterio los proyectos deberán aplicar una distribución del ingreso que generen de forma que integre a sectores marginados.
Finalmente, estas iniciativas deberán propiciar el respeto al ecosistema y cultura de las zonas donde operen.
EN CORTO
Autoridad autónoma. El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, afirmó que su gestión es “prominera” y que muestra de ello es que están promoviendo el corredor minero del sur, donde buscará cerrar brechas sociales, con un manejo territorial, a cargo de una autoridad autónoma. En dicha autoridad indicó que participarán todos los actores relevantes involucrados. Es decir, comunidades (de ese corredor), así como el Estado y las empresas.