En marzo último el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, presentó una cartera de 22 proyectos de irrigación de tierras para uso agrícola que el Gobierno impulsará, con el fin de atraer inversiones por US$24,061 millones del sector privado.
De concretarse, esas iniciativas permitirían ampliar la frontera agrícola en más de 1 millón de hectáreas (has) y mejorar el riego de otras 278,000 has.
La última semana, consultado sobre el tema, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, reveló que su sector estaba gestionando un convenio con ProInversión para elaborar un listado inicial de 15 proyectos de irrigación (del total de 22 proyectos antes anunciados).
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Tres modalidades para atraer inversiones
Detalló que ese primer listado, a desarrollar en 15 regiones, va a entrar en procesos de licitación bajo diversas modalidades, sea de Gobierno a Gobierno (G2G), en asociación público privada (APP) o mediante Obras por Impuestos (OxI).
Adelantó que la previsión es que una parte de ese listado inicial se lance en las próximas semanas, y que el resto se continúen convocando cada mes, recordando que ya esos procesos se han iniciado para los proyectos de riego Chavimochic, Alto Piura, Poechos y Majes.
Además, Manero refirió que esperaban ponerse de acuerdo con el gobernador regional de Lambayeque (Jorge Pérez Flores), para definir el futuro del proyecto Olmos, luego que dicha autoridad declarara su oposición a que esa iniciativa sea manejada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
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En dos semanas se debe definir proyecto Olmos
“Estamos alineados en que en Olmos se convoque temporalmente a otro operador seleccionado de manera rápida, pero en paralelo se convoque una licitación internacional para que ingrese otra empresa y haga lo más importante: expandir el proyecto, elevar la altura de la represa aumentar la capacidad de almacenamiento y aumentar las áreas a irrigarse”, declaró.
Sin embargo, reconoció que no queda mucho tiempo para esa discusión (con el gobernador regional de Lambayeque), y que tenían dos semanas para definir el tema y que en ese lapso esperaban ponerse de acuerdo con dicha autoridad regional, y que, en caso contrario, tendrían que ver medidas alternativas.
En general el titular del Midagri refirió que con este tipo de obras, y la ampliación proyectada para el riego agrícola, en el país va a dejar de ser un tema de discusión si el agua se destina para la agricultura o la minería, asegurando que “vamos a tener agua para todos”.
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Proyectos de riego en el sur
En el caso del agua para el proyecto Tía María, en Arequipa, el ministro refirió que lo que se va a ejecutar es la represa de Yanapuquio, que permitirá almacenar agua para mejorar su disponibilidad para riego en el Valle del Tambo.
Refirió que a esa iniciativa, le han adicionado otra que es el proyecto de Tambo Bajo (a ser financiado por Southern Perú) y que busca extender la frontera agrícola en el valle de Tambo, en la provincia de Islay.
Igualmente, mencionó que se va a llevar agua para riego para la región Moquegua, a través del proyecto de la Represa Paltiture Modificado, y que busca evitar reclamos de que se le quita agua a esa región para dársela a Arequipa.
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AGAP: Inversión dependerá de nueva ley agraria
Consultado sobre el tema, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú -AGAP-, Gabriel Amaro, consideró que el atraer inversión privada hacia los nuevos proyectos de irrigación será viable, en la medida en que se apruebe la nueva Ley de Promoción Agraria en el Congreso.
Vale recordar que esa ley propuesta plantea se mantenga una tasa reducida del 15% del Impuesto a la Renta por un periodo de diez años, hasta nivelarlo con la tasa general al cabo de ese lapso, si bien la norma planteada no aborda aspectos laborales.
Amaro explicó que la inversión en el sector de la agroexportación se frenó en el Perú desde que derogó la anterior ley de promoción agraria (en diciembre del 2020), y que si bien se ha registrado alguna, ha sido para la compra de empresas del ramo, pero no para adquirir nuevos terrenos para la agroindustria o para la adquisición de equipamiento.
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Falta de inversión se refleja en el mercado
Esa falta de inversión, según indicó, se ha reflejado por un lado en la disminución del empleo en la actividad agrícola, y por otro lado, en que los volúmenes de agroexportación el último año se han mantenido iguales que el 2023, si bien lo que creció fue el valor exportado (por temas de precios).
Un factor que particularmente ha afectado a esa actividad, indicó Amaro, fue la aplicación del Bono Beta (que introdujo la ley agraria vigente desde el 2020) y que ahora la nueva amenaza para la competitividad del sector es la aplicación de los aranceles por el gobierno de Donald Trump, considerando que EE.UU. acoge el 35% de nuestra agroexportación.
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Compensación al Bono Beta es buena opción
En esa línea, el presidente de AGAP consideró que sería una buena opción, que se hiciera realidad el anuncio que hiciera el titular del Midagri, de que se compense a los empresarios del ramo, con el valor del 50% del Bono Beta, con un bono para la adquisición de terrenos en los futuros proyectos de irrigación que se están anunciando.
No obstante, dijo tener entendido que esta nueva propuesta vinculada al Bono Beta aún está en discusión al interior del Gobierno, y que esperan mayores detalles de parte del Ejecutivo.
Por lo pronto, refirió que esperan que el tema de la nueva ley de promoción agraria pueda ser abordado por el pleno del Congreso en el transcurso de la presente semana.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
