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La campaña de vacunación comenzó en el Perú. El presidente de la República, Francisco Sagasti, se convirtió en uno de los primeros peruanos en recibir la vacuna para el COVID-19 del laboratorio de Sinopharm. Del mismo modo, anunció que se habían aplicado las dosis a más de tres mil personas, entre intensivistas y profesionales de la salud que atienden esta enfermedad.
Horas antes, la legisladora de Acción Popular, Mónica Saavedra, planteó que las empresas privadas puedan comercializar vacunas contra el COVID-19. Por ello, presentó el “Proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la Ley 31091 y permite a empresas privadas adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar, promover y expender vacunas para el coronavirus”.
Del mismo modo, propone que las vacunas que se comercialicen deben cumplir los mismos requisitos de autorización sanitaria que se aplican para las vacunas que obtiene el Estado. Propone, además, que el 10% de los lotes importados sea vendido a precio de costo al Ejecutivo, para que lo distribuya a la población menos privilegiada.
De acuerdo a un reporte de la revista The Economist para mediados del 2022, en Perú se culminaría la vacunación masiva contra el coronavirus. Ante ello, Vanessa Vertíz, presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) consideró positiva esta propuesta a fin de inmunizar más peruanos en menos tiempo.
“El gremio sostiene que se debe permitir al privado a apoyar con recursos y capacidad a la estrategia de vacunación con el Estado. Es una buena idea, porque se podrá llegar a más peruanos lo más rápido posible para tratar de acabar con la pandemia. Cualquier colaboración pública y privada es oportuna”, comentó a Gestión.pe.
Añadió que la restricción que existe hoy en día no es regulatoria, sino que solo se ha manifestado que el Estado aplicará las vacunas. Ante ello, Alafarpe manifiesta su disposición para trabajar de manera conjunta a fin de poder apoyar en la atención al público en la inmunización contra el COVID-19.
“Es oportuno y ayuda que la vacunación sea más eficiente y rápida. Lo que tenemos que observar también son las restricciones que existen sobre la capacidad de los laboratorios fabricantes, que proporcionan vacunas solo a los países, que por el momento están negociando. Luego se atendería al sector privado. Si se abre la restricción, saludaremos la iniciativa”, sostuvo.
Vértiz señaló que buscarán importar y comercializar las vacunas tal y como sucedió con las pruebas COVID-19 para inmunizar a sus trabajadores a costo de la empresa privada, con lo cual ayudaría a cubrir las brechas de vacunación que hoy están bajo responsabilidad del Ministerio de Salud. “Eso podría aliviar al Estado en la implementación de la vacunación”, sustentó.
El Registro Sanitario Condicional (RSC) se otorga a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III con resultados preliminares, en la prevención y tratamiento de enfermedades gravemente debilitantes o potencialmente mortales, que dan lugar a una emergencia declarada por riesgos o daños a la salud pública. Cabe recordar que ello no está condicionado a la firma de un contrato con el Estado peruano con algún laboratorio para su adquisición.
Para la obtención del RSC se toma en cuenta la información que proporcionan los laboratorios. Es decir, si sostienen que la eficacia de la vacuna es de 70%, 80% o 90%, tiene que estar convalidado con la información y la evidencia que presentan.
Con relación a ello, la representante de Alafarpe, considera que los privados estarían dispuestos a asumir los riesgos de vacunar a sus trabajadores, así como los laboratorios a invertir en su importación y comercialización.
“En Alafarpe hemos dicho que existen riesgos compartidos entre el sector público y privado. Nosotros respaldamos las obligaciones que deben cumplir los dueños de los registros sanitarios que se están dando de manera condicional relacionados a la información de la calidad, de los nuevos estudios o aquellos que están en curso. También de la fármaco vigilancia, que son todos los registros que puedan darse después de la vacunación a la población”, comentó.
En ese sentido, subrayó que la información sobre la calidad de los estudios, los casos que puedan surgir y actividades adicionales deben recopilarse y entregarse a las autoridades. “Eso va a hacer que haga el balance entre riesgo y beneficio. Estoy convencida de que será positivo”, sostuvo.
Vértiz agrega que otro punto importante para Alafarpe es garantizar el cumplimiento de la transparencia de los requisitos que la regulación de salud exige para poder acordar en los registros sanitarios.
En estos momentos, la vacuna contra el COVID-19 está limitada a la negociación que está haciendo el gobierno directamente. Además, también dependerá mucho de la capacidad de los laboratorios de la vacuna de exportar al sector privado.
“Estamos abiertos para establecer diálogo. Se propuso una mesa de trabajo público privada para poder tratar estas problemáticas. No solamente para la vacunación, sino brechas en el tema de comunicación y difusión. Incluso las clínicas y centros de salud privados están dispuestos a presta su capacidad para implementar la vacunación”, indicó.
Tres de los laboratorios que están desarrollando vacunas son miembros de Alafarpe: Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Hasta el momento solo Pfizer cuenta con RSC en el país para aplicar las dosis. Es probable que si Alafarpe importe y comercialice vacunas sean de alguno de estos laboratorios.