Un tercio de inspecciones de Sunafil culmina en actas de infracción

Es decir, un tercio de las fiscalizaciones realizadas por Sunafil terminan con sanciones a los empleadores (ver tabla).

Los sectores que reportaron más inspecciones fueron servicios, comercio al por mayor y menor, e industria, en los que hubo 5,210, 3,655 y 2,520 inspecciones, respectivamente.

Por el contrario, los sectores con menos cantidad de inspecciones fueron los de suministro de agua, electricidad y gas, pesca y la explotación de minas y canteras.

Las razones más comunes detrás de estas inspecciones fueron posibles incumplimientos al pago de remuneraciones, no respetar las jornadas laborales, impago de la CTS y otros relacionados con la planilla de trabajadores.

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¿Por qué baja la proporción de inspecciones que acaban en multas?

Según Germán Lora, socio del estudio Damma, el porcentaje de multas con relación a las inspecciones realizadas habría bajado con relación a años pasados.

“Que solo un tercio de las inspecciones terminen en multa me parece algo admirable y da una buena imagen. Antes esto era mucho peor. Esto se debe a que la Sunafil, en los últimos años, ha cambiado su chip y ahora busca ser más preventiva”, recalca el abogado.

“Quisiéramos que el porcentaje sea aún menor, pero eso ya depende de la entidad empleadora. Que hay empleadores que incumplen, los hay. Por eso, reducir aún más este porcentaje es una labor que se debe realizar de manera conjunta con la Sunafil”, agrega.

¿Qué labor preventiva efectúa Sunafil?

Al respecto, la Sunafil detalló a Gestión que, en lo que va del 2023, realizó un total de 1,716 “asistencias técnicas”, o asesoramientos realizados por la entidad con la finalidad de evitar posibles futuros incumplimientos a la norma laboral. Según esa superintendencia, con estas acciones se ha podido orientar a un total de 42,843 trabajadores (ver tabla).

La mayoría de estas asistencias se ha realizado a empresas de los sectores de comercio al por mayor y menor, enseñanza e industria.

Esto no resulta sorprendente pues, en el 2022, los sectores más fiscalizados por la entidad fueron los de servicios de alquiler, empresariales e inmobiliarios, de comercio al por mayor y menor y manufactura.

La gran mayoría de trabajadores instruidos no se encuentra en Lima, sino en Ancash, Lambayeque y Piura, zonas en las que se capacitó a 2,155, 12,907 y 21,166 trabajadores respectivamente.

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Camino a seguir

Según Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, “hay una marcada fiscalización hacia el mundo de las empresas formales antes de ir por los informales”, lo que debería cambiar a futuro.

“Hay un ratio de 8 a 2 en términos de empresas formales e informales. Las inspecciones también deberían seguir este ratio de 8 a 2″, recalca.

Adicionalmente, el abogado señala que la Sunafil debe trabajar más en la revisión de denuncias antes de iniciar inspecciones en contra de empresas.

“No se debería empezar, en automático, una inspección cuando se recibe una denuncia. Hoy en día no se aprecia una atención al revisar denuncias, no se ve que se evalúe si tienen sustento”, señala el experto.

En todo caso, Toyama considera que se debe avanzar con un proyecto para que las partes de un proceso laboral puedan conciliar, para moderar los resultados que se ven hoy en día.

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