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La Comisión de Trabajo del Congreso debatirá el dictamen recaído en el proyecto de ley 3375, que busca dar un plazo más largo a los trabajadores que sean despedidos, para denunciar a sus empleadores solicitando una reposición o, en su defecto, una indemnización.
Además, el proyecto de ley plantea que el empleador no podrá sancionar por causas relacionadas con su conducta o con su capacidad sin antes otorgarle un plazo no menor de seis días calendarios para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulan.
Hoy en día, legalmente, ese beneficio solo se otorga a los trabajadores cuando van a ser despedidos.
Patricia Kcomt, líder del área Laboral de Miguel Mur & Abogados, señala, sin embargo, que, a nivel de los juzgados, ya se le estaba dando ese beneficio a los trabajadores, por lo que el proyecto estaría incluyendo en la norma algo que ya ocurre en los tribunales.
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El cambio que se plantea
Hoy en día, los trabajadores solo cuentan con un plazo de 30 días hábiles para denunciar a sus exempleadores luego de su despido. El proyecto plantea que este plazo se eleve a 40 días hábiles para solicitar la reposición y 60 para pedir una indemnización.
Según Kcomt, este proyecto “va a permitir que el trabajador tenga un mayor plazo para asesorarse para poder presentar sus demandas y denunciar. Esto va a generar que las empresas tengan un período mayor de incertidumbre con relación a las decisiones que podría tomar el trabajador”.
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Críticas al proyecto de ley
Pero, según Germán Lora, socio del estudio Damma, el proyecto podría generar mucha inseguridad jurídica.
“No puedo tener por mucho tiempo a un trabajador sin saber si me demandará o no, porque eso también trae consigo saber si se pondrá el puesto de trabajo a disposición”, recalca.
Según Lora, ampliar al plazo para denunciar tampoco tiene mucho sentido, puesto que lo que los trabajadores buscan son soluciones inmediatas.
En países como Chile el plazo para reclamar la nulidad del despido es de seis meses, mientras que en Colombia las acciones laborales prescriben a los tres años, según el proyecto de ley.
Sin embargo, en otros países, como España, el plazo caduca a los 20 días hábiles.