En el Perú, la inversión pública sigue atrapada en una contradicción estructural: mientras los montos ejecutados alcanzan cifras récord —S/ 57,000 millones en el 2024, con una ejecución del 82%—, millones de peruanos siguen sin acceso a servicios básicos de calidad. Las brechas no se cierran; se profundizan. El problema no es cuánto se invierte, sino cómo se planifica, gestiona y ejecuta esa inversión.
Uno de los principales cuellos de botella está en las etapas iniciales del ciclo de inversión, especialmente en la Programación Multianual de Inversiones. Aunque su propósito es articular el planeamiento estratégico con una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas y alineada con los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, en la práctica se ha reducido a un mero inventario de necesidades, sin visión de largo plazo.
Su carácter no vinculante impide garantizar que los proyectos priorizados reciban financiamiento, lo que debilita la conexión entre planificación, presupuesto y ejecución.
El problema no es cuánto se invierte, sino cómo se planifica, gestiona y ejecuta esa inversión. (Fuente: Andina)
Ahora proyectos culminarán más adelante
Un análisis reciente de la cartera de inversiones de los gobiernos regionales (4,088 proyectos activos al segundo y tercer trimestre de este año) expone esta desconexión entre planificación y ejecución.
Tras un proceso de “sinceramiento” en el pasado trimestre, se detectó un fenómeno preocupante: en 4 de cada 10, la fecha de fin de ejecución fue reprogramada en al menos 5 años. Más aún, con las nuevas fechas, el 7% del total de proyectos terminaría recién, en el mejor de los casos, en el 2030.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que este 7% representa cerca del 20% del costo total actualizado de la cartera de proyectos analizada al tercer trimestre.
Un ejemplo representativo es el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud especializados del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, cuyo objetivo es beneficiar a más de un millón de habitantes. Su ejecución empezó en julio del 2022, y su fecha de culminación prevista pasó de mayo del 2027 a diciembre del 2033, con un costo actualizado de S/ 616.6 millones.
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Un cambio total de un trimestre a otro
La comparación entre el segundo y tercer trimestre del presente año muestra cómo el horizonte de ejecución se desplaza abruptamente. En el segundo trimestre, la mayor concentración de fechas de fin de ejecución se registró entre 2018 y 2025, con un pico de 923 en el 2022. A partir de ahí, la curva cae: quedan apenas 22 proyectos para el 2027 y prácticamente ninguno más allá de 2028.
Pero al tercer trimestre, la situación cambió radicalmente: los proyectos para el 2025 casi se triplicaron: de 136 a 433. Además, se concentran entre los años 2026 (719) y 2027 (812). Incluso para el 2028, que apenas tenía dos proyectos antes, figuran ahora 483 proyectos. De manera similar, años como 2029 y 2030 hoy suman 173 y 77 proyectos, respectivamente. Y las fechas de fin de ejecución de los demás se extienden hasta 2036.
Distribución de carteras regionales según año de término – 2T vs. 3T
Fuente: MEF. Elaboración: Videnza Instituto
Muchos de estos proyectos originalmente debían concluir antes del 2023. Ahora están reprogramados para 2026‑2028, con una parte significativa que se extiende a la próxima década. Este desplazamiento no solo revela un desfase en la ejecución, sino que también es un síntoma de planificación deficiente. Los plazos originales fueron demasiado optimistas y probablemente no consideraron las condiciones logísticas ni las capacidades institucionales reales.
Una señal reveladora está en los días de atraso. Mientras que en el segundo trimestre el promedio fue de 1,386 días; en el tercer trimestre disminuyó a 427 días para la misma cartera evaluada. Pero la mejora es paradójica: el descenso no se debe a un mejor desempeño, sino al “sinceramiento” de las fechas. O, dicho de otra manera, se corrió la meta.
Si se observa solo los proyectos que ya estaban atrasados al segundo trimestre y registraron prórrogas debido al sinceramiento de fechas, el hallazgo es contundente: más de la mitad se postergaron entre más de 4 y 8 años.
Solo por efecto del cambio de fecha, y no necesariamente por un avance físico, 2,583 de estos proyectos (77% de la cartera analizada) dejaron de figurar como “atrasados” en el tercer trimestre. Estos proyectos suman cerca de S/ 85,800 millones, más del 80% del costo total actualizado de la cartera. Esto no es un ajuste menor, sino un reordenamiento profundo del cronograma regional de inversiones públicas.
Un caso ejemplar de esta situación es el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota, en Cajamarca. Figuraba como atrasado al segundo trimestre del 2025, pero, al modificarse su fecha de fin de ejecución de octubre del 2024 a julio del 2030, su condición de atraso cambió. La ejecución de este proyecto, cuyo objetivo es beneficiar a más de 112,000 habitantes y que supera los S/ 680 millones, empezó en mayo del 2022.
Número de proyectos atrasados al 2T 2025 según años de aplazo
Fuente: MEF. Elaboración: Videnza Instituto
Sectores estratégicos como Educación, Transporte y Salud –fundamentales para cerrar brechas sociales– concentran más del 60% de los proyectos con postergación en su fecha de fin de ejecución. En concreto, hay más de 1,000 proyectos en la cartera de Educación, cerca de 600 en Transporte y más de 400 en Salud, todos con un promedio de cinco años de postergación. Esta situación refleja una preocupante desconexión entre planificación y ejecución de la inversión pública, y expone una clara desatención a políticas claves para reducir desigualdades y mejorar el bienestar de la población.
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Romper desconexión entre planificación, programación y presupuesto
Todo esto evidencia cómo los indicadores pueden perder sentido si no se contextualizan. Una inversión pública eficiente no es la que menos retraso reporta, sino la que se ejecuta en plazos razonables. La acumulación de proyectos mal planificados y constantemente postergados no es solo ineficiente: es un costo social directo. Obras que se quedan en el papel mientras regiones enteras esperan agua, escuelas y hospitales.
Revertir esta situación requiere romper con la desconexión entre la planificación, la programación y el presupuesto, así como fortalecer las capacidades técnicas de quienes ejecutan. Una solución a corto plazo implica que la Programación Multianual de Inversiones deje de ser un simple requisito normativo y se convierta en una herramienta vinculante basada en brechas cuantificadas, metas claras e indicadores medibles. Su articulación con la Programación Multianual Presupuestaria debe ser directa y obligatoria.
Postergar para no rendir cuentas
Por: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Lima 10 de noviembre de 2023
Fotos a Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza. fotos: joel alonzo
No solo afrontamos el riesgo de perder la fortaleza fiscal por la irresponsabilidad del Congreso y la permisividad del Ejecutivo, sino que la ineficiencia se ha institucionalizado. Los Gobiernos regionales acaban de “sincerar” las fechas de fin de ejecución de miles de proyectos, y el resultado es alarmante: cuatro de cada diez se postergan por lo menos 5 años. Lo que debía ser una corrección técnica parece una maniobra para maquillar la parálisis estatal.
La coincidencia no es menor: el sinceramiento ocurre justo después de que el Congreso aprobó una ley que otorga prioridad presupuestaria a las inversiones retrasadas.
Así, la postergación en las fechas pareciera más bien una estrategia para asegurar poder disponer de recursos para nuevos proyectos en lugar de tener que destinarlos a los retrasados. Casos como el Hospital Regional de Loreto —reprogramado del 2027 al 2033— o el de Chota —del 2024 al 2030— revelan una gestión que posterga derechos esenciales. Se reducen los “días de atraso”, pero solo porque se movió la meta. No hubo eficiencia: hubo manipulación de plazos.
Las autoridades deben entender que este tipo de prácticas no solo destruyen la confianza ciudadana, sino que alimentan el descontento social. Urge fortalecer las oficinas de inversión y exigir planes realistas con seguimiento trimestral. Cada proyecto debe contar con cronogramas verificables, informes públicos y responsables identificados.
La transparencia debe ser regla, no discurso. Publicar avances, costos y causas de los retrasos en plataformas accesibles es indispensable para recuperar credibilidad. El país no solo necesita recuperar el rumbo de la responsabilidad fiscal, sino que urgen resultados visibles, honestidad y compromiso con la gente. Eso debe ser lo mínimo que se le exija al nuevo Gobierno.
