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Guadalupe Gamboa
La semana pasada la Comisión Permanente del Congreso aprobó extender de 70 a 75 años la edad máxima para el cese de un trabajador, lo que permitiría que este pueda laborar cinco años más antes de que la empresa aplique una jubilación obligatoria por límite de edad y sin una indemnización.
Si bien la edad para iniciar la jubilación normal no cambia y se mantiene en 65 años, se advierte que esta medida generaría un retroceso en el dinamismo del mercado laboral y afectaría al empleo juvenil.
Para la Cámara de Comercio de Lima, la medida limitaría las oportunidades para los más de 340,000 jóvenes que anualmente se incorporan a la población económicamente activa y buscan ser contratados.
El gremio indica que la permanencia de los trabajadores de mayor edad en sus puestos no solo limitaría las vacantes para nuevos ingresos, sino que también afectaría la productividad ante la necesidad de empleados que aporten innovación y la adopción de nuevas tecnologías.
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Lidia Vílchez, socia del área laboral del estudio PPU, coincide en que la medida impactará negativamente en la rotación generacional e incluso podría generar más informalidad en el mercado laboral peruano.
“En un mercado laboral formal muy pequeño, con una cantidad acotada de trabajadores registrados en planilla, extender la edad de jubilación obligatoria impide a los trabajadores jóvenes incorporarse en este mercado formal reducido, generando que puedan acceder solamente a empleo informal y, por tanto, de menor calidad y protección social”, explica.
Vílchez considera que la medida tampoco sería positiva para los adultos mayores, pues no está orientada a crear empleo, sino que solo difiere por 5 años más la finalización automática del vínculo de estos trabajadores.
Por su parte, el laboralista Jorge Toyama señala que este tipo de normas vuelven más rígidas las relaciones laborales y comenta que solo podría ser positiva para aquellos empleados que no alcanzan una jubilación mínima.
“Este tipo de normas solo se podrían aceptar para aquellos trabajadores que les falte completar el aporte mínimo para jubilarse, pero si ya completó no parecería razonable”, señala.
Cabe recordar que actualmente en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se indica que la pensión mínima es de S/ 500 para aquellos afiliados que aportaron por al menos 20 años, mientras que en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) no existe un mínima y la jubilación promedio ascendería a S/ 1,300 mensuales.
Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el tercer trimestre del 2023 solo 3 de cada 10 adultos mayores con empleo estaban afiliados a un sistema de pensiones.
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¿Qué medidas ayudarían a los adultos mayores?
La medida busca ayudar a los adultos mayores a mantenerse en el mercado laboral, teniendo en cuenta el bajo nivel de pensiones, pero ¿qué otras alternativas se podrían plantear?
Para Toyama se requieren de medidas flexibles y no normas rígidas, pues actualmente la norma que busca la reinserción de este tipo de trabajadores, implica que la empresa tenga que pagar el doble del mínimo vital para poder contratar a los adultos mayores.
Según comenta, una medida posible sería que entre el Estado y la empresa se pueda subsidiar una parte de la pensión de estos trabajadores.
“Una posibilidad es que entre el Estado, la empresa y el trabajador aporten la diferencia para jubilarse. No existen propuestas para incentivar la contratación de adultos mayores con reducciones tributarias, sólo se plantea eso para jóvenes, pero para personas de esa edad también debería admitirse aportes adicionales como subsidios del Estado”, sostuvo.
El laboralista German Lora coincide en que se debería reestructurar la modalidad formativa de reinserción laboral que existe actualmente y adecuarla.
“Podría hacerse una medida como a la de las prácticas profesionales o cambiar la de reinserción laboral con otros tipos de beneficios, darle al adulto mayor la posibilidad de que termine su vida profesional, pero quizás no dentro de una relación laboral con todo lo que ello implica”, señala.
Por su parte, Vílchez considera que se requieren iniciativas públicas para la capacitación de estos adultos mayores en el uso de herramientas que les permitan aportar en un mercado como el actual, como la tecnología.
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