
El discurso de 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte, el último por Fiestas Patrias de su mandato, no dio claridad sobre lo que verá el Perú en sus últimos 12 meses de Gobierno. En medio de estas interrogantes, Gestión conversó con Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s sobre cómo se ve el futuro cercano para el país.
-¿Cuál sería su breve balance del reciente discurso de la presidenta Dina Boluarte?
Después de escuchar el discurso de la presidenta el 28 de julio, queda claro que hay dos grandes temas que el próximo gobierno va a tener que abarcar con la mayor urgencia. Uno es el déficit fiscal, que sabemos que se está reduciendo, pero de manera muy lenta. Dos, la lucha contra la inseguridad; en el discurso se sintió la ausencia de medidas concretas.
-¿Aún hay espacio para que el actual Gobierno encamine algo o después de escuchar el discurso ya es claro que no va a haber ningún movimiento mayor?
(El discurso) fue básicamente un recuento de algunos, por decirlo de alguna manera, logros de los últimos años. Pero, no había mucho anuncio sobre medidas ni qué es lo que podemos esperar en estos 9 a 12 meses que le quedan de mandato.
Prácticamente ya estamos en el periodo de piloto automático, cuando típicamente lo empiezas a ver a partir de marzo del último año (de un gobierno). Una vez que ya estás en la primera vuelta de elecciones, ahí es cuando ves el piloto automático, pero claramente –en este caso– ya hicieron el switch.
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-¿Los mensajes “vacíos” tienen algún peso para el inversionista?
Los inversionistas básicamente ya dieron por descontado que se va a ver muy poco en cuanto a cambios de políticas públicas. Aunque, vieron con buenos ojos que, por lo menos, se mencionó como un tema prioritario tratar de agilizar las inversiones en minería y en agricultura. Además, que va a seguir este empuje por la inversión pública.
-¿Cuáles son los factores que podrían permitir que Perú mejore su calificación? ¿Cuáles otros la deteriorarían?
El factor de inseguridad se está volviendo un tema que podría pesar más sobre la calificación en el largo plazo, si es que vemos un deterioro marcado. En cuanto a factores clave para mejorar la calificación, siempre va por el tema fiscal y la eficiencia del Gobierno.
La economía claramente tiene ciertas fortalezas que se han visto en estos dos años de recuperación económica, la economía quiere crecer, solo que parece que el desorden del sector público es lo que la ha estado “aguantando”.
Entonces, un manejo más competente de un gabinete fuerte, técnico, profesional que puede generar un ciclo mucho más favorable económicamente te puede encadenar muchas cosas y quizá llevar después de varios años a una mejora en la calificación.

-¿Diría que estamos en una suerte de “terreno neutral”? O, ¿Qué es lo que está pesando más en sus análisis? ¿Cuándo revisarían la calificación?
Es una suerte de “limbo” lo que vemos en este lado. Es una dinámica de: “Las cosas no están tan bien, pero relativo al resto de la región, las cosas no se ven tan mal”.
Nosotros tenemos una revisión continua, no es que le ponemos una fecha, sino que escuchamos lo que pasa dentro del país, analizamos el desempeño fiscal, las noticias, no somos ajenos a este clamor que hay dentro de la población de que la inseguridad se está volviendo un asunto muy preocupante, que se está deteriorando muy rápidamente y sin respuesta de las autoridades.
¿Cómo se matiza esto? Tienes muchos retos por la parte de gobernabilidad y de gobernanza, sobre todo en el sector público, versus las fortalezas económicas y fiscales del país que todavía se mantienen. Entonces esa tensión como que te dice que estás en este “ambiente neutral”, pero un poco a la deriva.
Falta un liderazgo más pronunciado en el sector público que ayude a que la economía nuevamente genere progreso y se lleguen a estas aspiraciones que tiene el Gobierno de, por ejemplo, reducir la informalidad, atacar la inseguridad, cumplir con las metas fiscales, etcétera.
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-Se dice que el ruido político ya está tan interiorizado por los inversionistas. ¿Es así?
Lo hemos interiorizado, se ha vuelto ahora una parte, una característica innata del perfil crediticio del Perú, lamentablemente. Pero, es un deterioro con respecto a cómo veíamos el entorno político hace unos años.
Antes del 2017 decíamos: las instituciones políticas son malas, pero las instituciones económicas son muy fuertes. Esa dicotomía se mantiene en el caso peruano, pero lo raro es que hemos visto un deterioro aún más marcado de las instituciones políticas. No tanta volatilidad en este momento, pero sí la calidad de las instituciones políticas se ha debilitado fuertemente y no vemos un gatillo que te revierta ese deterioro, por lo menos hasta las próximas elecciones.
Esperamos que después de los comicios tal vez haya una mejora en el entorno político, de la calidad de los políticos y del manejo del sector público que se ha deteriorado fuertemente y que en cierta forma le ha quitado algo de fuerza a las instituciones económicas.
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Economías ilegales e inversión privada
-¿Qué tanto consideran en sus conversaciones sobre Perú el tema de la minería ilegal? ¿Qué tanto esta situación los pone “en alerta”?
Sin duda, ese es un elemento que pesa sobre la calificación y que limita el potencial de mejora por el hecho de que estamos viendo que todos estos sectores de la economía ilegal están poco a poco infiltrándose en los niveles de gobierno, no solo regional y local, sino ahora también a nivel nacional, donde hay muchos intereses que están protegiendo a estos sectores ilegales de la economía.
Tenemos un ambiente con términos de intercambio muy favorables para el Perú, lo cual es bueno desde un punto de vista económico, pero también es malo porque justamente beneficia a estos sectores ilegales de la economía y están generando intereses que se están arraigando mucho dentro de los círculos de poder del Gobierno.
Entonces eso nos preocupa porque se está perdiendo la calidad institucional de una manera muy estructural que va a ser muy difícil de revertir.

-Hablaba de las economías ilegales, pero ¿hoy pesa más la minería ilegal en sus revisiones?
Es más visible por el lado de la minería ilegal, pero incorporamos el efecto a toda escala, incluyendo todas las otras economías ilegales, incluso lo que estamos viendo en altos niveles de criminalidad, estos pagos de protección que se les están exigiendo a las pequeñas empresas, y en general estamos viendo que bandas criminales están empezando a tomar más fuerza dentro de la economía, cosa que hemos visto que ha pasado en Ecuador y antiguamente en El Salvador.
-¿Diría que hay factores que frenan actualmente la inversión privada?
Las inversiones a largo plazo son las que están faltando porque no hay confianza en las reglas de juego en el mediano plazo. Y eso está demostrando las debilidades institucionales que se han vuelto más evidentes a lo largo de los años.
-¿Cómo ve el panorama externo, sobre todo en un contexto de imposición de aranceles?
Los aranceles al cobre seguramente van a tener un impacto negativo sobre el precio de este metal, aunque no debe ser muy marcado. Lo bueno es que el Perú no le vente mucho cobre a EE.UU. Chile está más expuesto. El tema de los aranceles lo que sí afecta de sobre manera es a los otros productos no minerales que se envían al mercado estadounidense.
El perfil bajo que ha mantenido Perú le ha servido bien. Por el momento, parece que si no estás en la lista tienes un arancel de 10%. En ese sentido, el país parece haber sacado un gran logro de “no molestarlo” para motivar aranceles más elevados.
Ahí hay una ventaja para que ayude a la competitividad relativa de las exportaciones no minerales del Perú. En ese sentido, Perú debe sentirse más cómodo que el resto de países de la región.

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.