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Entre las nuevas medidas del plan Impuso Perú, anunciadas por el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, figuran una apuesta por otorgar más beneficios tributarios a las empresas, como una forma de fomentar la inversión privada. La mitad de los nuevos anuncios que se hicieron hace un par de semanas, de hecho, tiene componentes tributarios.
Una de esas medidas es la modificación del Régimen de Recuperación Anticipada el Impuesto General a las Ventas (IGV), que otorga alivio financiero a las empresas en su etapa preoperativa.
La propuesta del Poder Ejecutivo, que ya fue enviada al Congreso a través de un proyecto de ley la semana pasada, plantea reducir el umbral mínimo para aplicar a este beneficio a inversiones desde US$2 millones. Actualmente lo mínimo que se requiere son US$5 millones de inversión y se aplica a todos los sectores de la economía.
Con este beneficio las empresas podrían recuperar de manera anticipada parte del impuesto pagado durante la parte de construcción o previa a la operación en las que no se generan ingresos ni utilidades.
Para aplicar a este beneficio tributario, es necesario hacer una solicitud al ministerio que sea rector de la actividad que se realiza y tras ello se deben contar con la resolución ministerial del sector competente, que apruebe a las personas naturales o jurídicas que califiquen como beneficiarias del régimen, así como los bienes, servicios y contratos de construcción comprendidos en el mismo.
De acuerdo con los datos del MEF, desde la vigencia de esta norma hasta el 2021, se han acogido a este beneficio tributario 217 proyectos de inversión por un monto aproximado de US$53,000 millones.
Asimismo, se ha otorgado una devolución ascendente a un monto de US$5,720 millones desde el 2007 hasta setiembre de 2022. La mayor cantidad de estos proyectos corresponden a inversiones por montos considerables, principalmente por encima de los US$100 millones.
Poco conocimiento
Pese a los montos destacados por el MEF, el tributarista, Jorge Picón, explicó que este beneficio no es utilizado por todas las inversiones que se realizan en el país pese a cumplir con los requisitos, principalmente por desconocimiento de la misma.
Según Picón, hay muchas inversiones que se realizan por encima del umbral mínimo y luego, cuando ya están en operación buscan algún beneficio para mejorar sus ingresos y recién en ese momento se enteran de que este beneficio existe.
Según los cálculos del MEF, la aplicación de esta medida estima un costo fiscal potencial de S/5 millones por año.