Uno de los principales factores detrás del resultado negativo de la economía peruana en el primer semestre del año está asociado a la fuerte contracción de la inversión privada. El Instituto Peruano de Economía (IPE) elaboró un análisis, en exclusiva para Gestión, sobre este indicador clave y las perspectivas hacia adelante.
Si bien este débil desempeño estuvo influenciado por el clima de alta conflictividad social experimentado en el inicio de año, también evidencia las consecuencias de los pocos esfuerzos realizados en los últimos años a fin de posicionar al Perú como un destino atractivo para inversiones de gran envergadura.
Revertir este deterioro dependerá de los esfuerzos de política que se realicen para reducir la complejidad del entorno para hacer negocios y consolidar la recuperación de la confianza del sector privado para ejecutar nuevas inversiones.
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Balance negativo
Entre enero y junio del 2023, la inversión privada habría acumulado un retroceso de casi 11%, según cálculos del IPE. Este resultado combina los efectos del estallido social y las anomalías climáticas del inicio de año, así como las secuelas de la alta incertidumbre regulatoria y baja confianza empresarial registradas durante buena parte del 2021 y 2022.
La menor ejecución de proyectos derivó en uno de los peores primeros semestres para la inversión privada de los últimos 25 años, solo superado por la caída provocada por la pandemia en el 2020.
La significativa caída de la inversión privada en la primera mitad del año obedece principalmente al menor dinamismo en el gasto de autoconstrucción, lo cual se vio reflejado en una reducción de casi 9.2% en la ejecución de proyectos no mineros. Esta contracción fue acentuada por el desplome de la inversión minera, que acumuló una caída de 24.3% en los primeros seis meses, debido a la ausencia de nuevos proyectos en el sector que sustituyan en magnitud a Quellaveco.
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Oportunidades mineras
A pesar de que las cotizaciones internacionales del cobre y oro se han mantenido desde el 2021 a la fecha en niveles históricamente altos, el sector minero peruano se encuentra lejos de activar el inicio de una nueva ola de inversiones como la registrada en la década previa.
En efecto, los montos de inversión minera en los últimos 12 meses hasta junio de este año ascendieron a 2% del producto bruto interno (PBI), cifra inferior al récord alcanzado en el último superciclo de precios de los minerales, donde llegó a casi 5% del PBI entre el 2013 y 2014. Ello fue equivalente a un promedio de inversiones de alrededor de US$ 9,500 millones anuales.
La poca predictibilidad del clima de negocios en la minería dificulta el aprovechamiento del potencial geológico que ofrece el país.
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Esto se evidencia en las continuas postergaciones de los cronogramas de ejecución de los proyectos incluidos en la cartera de inversiones del sector, provocados por la conflictividad social y, en muchos casos, por la complejidad regulatoria y trabas burocráticas.
Por ejemplo, según Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el desarrollo y la aprobación de una Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), que normalmente se debe presentar en las ampliaciones mineras, puede tomar 4 o 5 años.
Sin embargo, el plazo de dicho procedimiento según norma no debería exceder los 143 días hábiles. En agregado, de los 46 proyectos incluidos en la cartera actualizada de inversión minera 2023, 34 han presentado retrasos desde su primera fecha estimada de inicio.
“Luego de dos trimestres de crecimiento negativo, urge reactivar los motores de la economía peruana. No hay manera de volver a la senda de reducción de la pobreza sin crecimiento, para lo cual la inversión privada es clave”.
Perspectivas
Los indicadores disponibles muestran indicios de una moderación en la caída de la inversión privada durante el comienzo del segundo semestre del presente año.
De acuerdo con la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), los despachos de cemento, por ejemplo, registraron una contracción de 6% en julio, luego de acumular una reducción de 14% en los seis meses previos.
En esa misma línea, los indicadores de confianza empresarial –altamente correlacionados con la inversión privada– mejoraron en julio, luego del deterioro experimentado al cierre del primer semestre.
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Por ejemplo, las expectativas sobre la economía a tres meses de los sectores vinculados a la inversión, pese a encontrarse aún en terreno pesimista, registraron un incremento a su mayor nivel desde marzo del 2021.
Aunque se anticipe una menor caída en la segunda mitad del año, las estimaciones del IPE apuntan a que la inversión privada acumulará una contracción de 7.5% en este 2023.
Este retroceso es más del doble de lo estimado hacia finales del 2022 y sería el tercer peor resultado de las últimas dos décadas, solo superado por lo ocurrido en la crisis financiera global del 2009 y la pandemia del 2020.
Las implicancias de este retroceso son evidentes en el deterioro de las expectativas de crecimiento de la economía peruana, lo cual generará una menor creación de puestos de trabajo y con ello seguirán postergándose las oportunidades de recuperación de los más vulnerables.
