Cobro de “cupos” en construcción civil: mecanismo y cifras detrás de esta creciente actividad
Elaborado por ReAcciona
El Perú se encuentra cada vez más agobiado por la inseguridad, el miedo se ha convertido en una sombra que acompaña a los ciudadanos en cada paso que dan. Salir de casa ya no es una rutina tranquila, sino un acto cargado de incertidumbre, una duda constante sobre si regresaremos sanos y salvos. Las balaceras se han vuelto parte del paisaje sonoro, incluso en los distritos que cuentan con mayor seguridad. En las carreteras, el terror de un asalto se cierne sobre cada viaje entre regiones.
El crimen ha llegado a las esquinas de nuestros barrios, donde roban tiendas, asesinan docentes y extorsionan a microempresarios, obligándolos a cerrar sus negocios para proteger a sus familias. Nos preguntamos, ¿Qué ha sucedido con nuestra nación? ¿Por qué permitimos que la violencia gobierne nuestras calles? Y sobre todo, ¿Quién nos protegerá de este abismo en el que estamos cayendo?
La inseguridad en el Perú se ha convertido en una barrera insalvable para el desarrollo económico y social del país. Durante el periodo de marzo a agosto último, el 27.4% de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún delito, lo que pone en evidencia una crisis de seguridad que no cesa. Aunque ha habido una leve reducción en comparación con el mismo período del 2023, cuando la victimización llegó al 28.2%, aún estamos muy lejos de los niveles del 2022, lo que muestra un preocupante incremento del 4.7% en solo dos años.
El impacto de este contexto de inseguridad no se limita a las calles; su presencia se proyecta sobre el desarrollo económico del país, perpetuando una espiral de pobreza y falta de oportunidades.
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Esta relación entre instituciones débiles y desarrollo económico ha sido el centro de la investigación de los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes este año han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía. Su trabajo destaca que la prosperidad de las naciones está profundamente ligada a la fortaleza y efectividad de sus instituciones. Y en el Perú, este vínculo entre inseguridad y debilidad institucional es más evidente que nunca.
Inseguridad y urbanización: un desafío creciente
En las ciudades con más de 20 mil habitantes, la tasa de victimización alcanza el 29.1%, mientras que, en centros poblados más pequeños, es del 22.7%. Esto evidencia que, a medida que la urbanización avanza, también lo hace la delincuencia, convirtiendo a las grandes ciudades en epicentros de criminalidad. La percepción de inseguridad es aún más alarmante. A nivel urbano, el 85.9% de los ciudadanos siente que podría ser víctima de un delito en los próximos meses, una cifra que en las grandes ciudades asciende al 87.4%.
La fragilidad de nuestras instituciones es más visible que nunca cuando observamos cómo los mecanismos destinados a proteger a la ciudadanía están fallando. ¿Cómo es posible que, a pesar de contar con un robusto sistema de vigilancia en muchas áreas urbanas, la percepción de inseguridad siga siendo tan alta?
La respuesta yace en la falta de confianza en las instituciones. Según Acemoglu y sus colegas, el desarrollo económico está intrínsecamente ligado a la creación de instituciones inclusivas, que no solo protegen los derechos de los ciudadanos, sino que también generan confianza y estabilidad. Sin embargo, en el Perú, las instituciones encargadas de la seguridad están fallando en ofrecer esas garantías básicas.
Comisarías: el pilar frágil de la seguridad
Ejemplos en la fragilidad de instrucciones, muchos, pero centrémonos en la infraestructura de las comisarías. Según el diagnóstico de brechas elaborado por el Ministerio del Interior, actualmente, el país cuenta con 1,326 comisarías distribuidas en 1,059 distritos, pero aún faltan 126 para cubrir la demanda en aquellos distritos que no cuentan con este servicio básico.
Peor aún, el 69% de las comisarías no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para su operación. Muchas de ellas operan en edificios con más de 30 años de antigüedad, y cerca de la mitad presentan techos y paredes en estado “malo” o “muy malo”.
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Este deterioro no solo compromete la seguridad de los ciudadanos, sino también la de los propios policías. Las instituciones que deberían protegernos no pueden ni siquiera protegerse a sí mismas.
El serenazgo: la ausencia de protección en las zonas más vulnerables
La situación no mejora cuando analizamos el estado del serenazgo, el cuerpo encargado de la seguridad local. A pesar de su importancia para la vigilancia y la rápida respuesta ante emergencias, muchas localidades del país siguen sin contar con unidades de serenazgo operativas. En los distritos más pequeños, esta ausencia es particularmente grave. En los lugares donde el serenazgo está activo, su capacidad de respuesta está severamente limitada por la falta de equipamiento, infraestructura y personal especializado.
La investigación de Acemoglu, Johnson y Robinson demuestra que las instituciones son la clave para garantizar el desarrollo, y en el Perú, la falta de un sistema de seguridad local eficiente está ampliando la brecha entre el desarrollo urbano y el rural. Las zonas rurales, que ya enfrentan mayores desafíos económicos, están aún más desprotegidas, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y falta de oportunidades.
La inversión en seguridad: un reto pendiente
Según datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, gasto diario al 17 de septiembre, el Gobierno ha destinado S/ 661 millones para la seguridad ciudadana en este 2024 en el Programa Presupuestal 030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, enfocados en 601 proyectos que incluyen desde la adquisición de vehículos hasta la mejora de las comisarías.
Sin embargo, a solo dos meses de terminar el año, apenas se ha ejecutado poco más de la mitad de este presupuesto, unos S/ 320 millones. ¿Cómo podemos hablar de mejorar la seguridad cuando los proyectos necesarios para lograrlo no se están implementando?
Este subejercicio presupuestario refleja una de las mayores críticas a las instituciones públicas: la incapacidad para planificar y ejecutar proyectos de manera efectiva. Según los Nobel de Economía 2024, las instituciones inclusivas son clave para la prosperidad, pero las instituciones ineficaces no solo no generan desarrollo, sino que lo bloquean. En Perú, la falta de planificación y ejecución efectiva está impidiendo que las inversiones en seguridad tengan un impacto tangible.
La inseguridad como impuesto al progreso
La inseguridad tiene un impacto devastador en el desarrollo económico. Aumenta los costos operativos de las empresas, disuade la inversión extranjera y frena el crecimiento del turismo y del consumo interno. Las empresas operan bajo una constante amenaza de robo o extorsión, y esta inseguridad se convierte en una barrera directa para el progreso.
No es exagerado decir que la inseguridad es un impuesto al desarrollo. Es un costo que todos pagamos, ya sea en forma de miedo, de inversión reducida o de crecimiento económico limitado.
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Los economistas galardonados con el Nobel argumentan que las instituciones sólidas son la base sobre la cual se construye el progreso económico. Si nuestras instituciones de seguridad están fallando, entonces estamos condenando al país a seguir en esta espiral de subdesarrollo. La debilidad institucional no es solo un problema de seguridad; es un problema de crecimiento, de inversión y, en última instancia, de bienestar social.
Un futuro incierto sin instituciones sólidas
El futuro del Perú está en juego. Sin una reforma profunda de nuestras instituciones de seguridad, no solo seguiremos siendo un país inseguro, sino que seguiremos siendo una nación estancada económicamente. La investigación de Acemoglu, Johnson y Robinson nos ha mostrado que las naciones con instituciones inclusivas y efectivas tienen mayores posibilidades de prosperar. Es hora de que el Perú haga los cambios necesarios para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el crecimiento económico que tanto necesitamos.
El camino hacia un país más seguro y próspero comienza con una inversión decidida en nuestras instituciones. Sin instituciones fuertes, no habrá progreso económico. Sin progreso económico, no habrá seguridad. Es un ciclo que debemos romper, y la única forma de hacerlo es fortaleciendo nuestras instituciones, comenzando por la seguridad ciudadana.
“Invertir en seguridad es invertir en el futuro económico”
Pía Quispe Lozano, Coordinadora Regional de ReAcciona
La seguridad ciudadana no es solo un tema de orden social, sino un pilar económico. Sin un entorno seguro, la inversión privada se retrae, los costos empresariales aumentan y el turismo, vital para el Perú, disminuye. En el último semestre, el 27.4% de la población ha sido víctima de delitos, y el 85.9% teme serlo. Estos datos no solo generan miedo, sino también frena el crecimiento económico.
La debilidad institucional es la raíz de esta inseguridad. Sin un fortalecimiento urgente en la normativa en torno a la seguridad y crimen seguiremos atrapados en un ciclo de precariedad. Invertir, de manera coherente y eficiente, en seguridad es invertir en el futuro económico del Perú. La inacción no es una opción.
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