El Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) emitió una resolución en la que analiza las condiciones para que los empleadores pueden solicitar ampliaciones de plazo para cumplir con requerimientos de información en procesos de inspección laboral.
El TFL revisó un caso en el que una entidad pública argumentó imposibilidades logísticas y operativas para justificar su incumplimiento, lo que llevó al tribunal a delimitar criterios para evaluar estas solicitudes.
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¿Qué ocurrió?
El caso se originó en un procedimiento sancionador contra una entidad pública inspeccionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para verificar el cumplimiento de normas sociolaborales. Los inspectores realizaron requerimientos de información con plazos establecidos, pero la entidad solicitó tres ampliaciones, argumentando carga laboral por la pandemia de la COVID-19 y la complejidad de los datos solicitados.
La entidad pública inspeccionada no entregó la información dentro de los plazos, lo que llevó a la emisión de una acta de infracción y la imposición de una multa por dos infracciones muy graves relacionadas con la labor inspectora.
El TFL analizó el caso, evaluando los principios de razonabilidad, colaboración y buena fe procedimental. Concluyó que las solicitudes de ampliación de plazo deben estar justificadas con pruebas verificables y una explicación clara de las dificultades para cumplir en el tiempo otorgado.
Además, destacó que los inspectores tienen discrecionalidad para aceptar o rechazar estas solicitudes, considerando la programación de sus actividades y la relevancia de la información requerida.
Como precedente vinculante, el tribunal estableció que las solicitudes de ampliación de plazo deben cumplir con criterios específicos, como sustentar la necesidad del tiempo adicional con documentación relevante y demostrar que la información requerida tiene complejidad o volumen significativo.
Asimismo, precisaron que los inspectores no están obligados a aceptar solicitudes infundadas ni a considerar información presentada fuera del plazo establecido, salvo que sea consistente con los principios de razonabilidad y buena fe.
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Foco en las ampliaciones
Brian Ávalos, socio del Área Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, explicó que, anteriormente, los empleadores podían solicitar una extensión de plazo sin proporcionar una justificación detallada o con razones poco claras.
Sin embargo, el tribunal comenzó a enfocarse en que las solicitudes de ampliación deben estar debidamente sustentadas, presentando razones objetivas como la complejidad de la información requerida, la antigüedad de los documentos solicitados o la falta de recursos para cumplir en el plazo dado.
Ávalos señaló que, aunque es completamente válido pedir una ampliación, esta solicitud debe ir acompañada de una justificación clara, ya que el abuso de estas solicitudes puede afectar la eficiencia del sistema de fiscalización. Esto no es beneficioso ni para la autoridad ni para los empleadores que buscan cumplir con sus obligaciones de manera correcta.
“El TFL comenzó a recalcar la necesidad de regular las solicitudes de ampliación de plazos debido a la creciente importancia de que las inspecciones laborales sean rápidas y eficientes”, mencionó.
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A su turno, César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, comentó que, aunque el precedente emitido por el tribunal sobre la ampliación de plazos es un avance, lo ideal sería que esta posibilidad estuviera formalmente estipulada en la normativa. Explicó que, en la práctica, la solicitud de ampliación ya se venía dando, pero quedaba a la absoluta discreción del inspector, lo que generaba inseguridad jurídica.
“Lo que ha ocurrido es que en la práctica esto ya se daba, pero quedaba a la absoluta discreción del inspector, lo que generaba inseguridad jurídica. Ahora, con este precedente vinculante, se regula la forma en que se deben manejar estas solicitudes”, observó.
A pesar de que este precedente aporta claridad al procedimiento, Puntriano consideró que la verdadera solución sería que la normativa se modificara para incluir explícitamente esta posibilidad de ampliación de plazos. Al no estar formalizada, anotó que sigue existiendo un grado de incertidumbre en el proceso, lo que podría generar problemas de interpretación o aplicación inconsistente de la norma.
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Diferencias de etapas de inspección de Sunafil
Puntriano explicó que es esencial diferenciar entre dos etapas claves en el proceso de inspección laboral: la etapa de investigación y la etapa posterior, cuando se emiten medidas correctivas.
Durante la etapa de investigación, cuando la Sunafil solicita información, como documentos o registros, el inspeccionado tiene la posibilidad de pedir una ampliación del plazo para cumplir con el requerimiento, siempre que pueda justificar la razón por la que no puede cumplir en el tiempo inicialmente establecido.
Como se explicó, las justificaciones pueden ser, por ejemplo, la complejidad de la información solicitada o la antigüedad de los documentos. El TFL dejó precisado que, en esta etapa, la solicitud de ampliación debe estar basada en un motivo legítimo.
En cambio, una vez que la investigación concluye y la Sunafil emite una medida de requerimiento, el proceso se formaliza aún más. Aquí, la ampliación del plazo debe ser solicitada con justificación válida y no debe esperarse hasta el último momento para hacerlo.
Según Puntriano, la empresa inspeccionada debe hacer la solicitud de ampliación lo antes posible, detallando por qué necesita más tiempo y proponiendo un nuevo plazo razonable.
Esta diferenciación entre las etapas es clave porque establece un procedimiento más claro y estructurado para manejar las solicitudes de ampliación y evita que se utilicen como una táctica dilatoria.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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