Inseguridad ciudadana ya se ve como un “impuesto adicional” a las empresas

“Un monstruo grande, con varias cabezas”, así definió Carlos Casas, investigador de la Universidad del Pacífico, a la informalidad. Resaltó en su discurso el papel de las actividades ilícitas —como la inseguridad ciudadana— en este fenómeno heterogéneo y aseguró que es importante identificarlas como una nueva arista para aplicar políticas específicas que las combatan.

El especialista brindó sus perspectivas en el foro que organizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cuya denominación fue Informalidad vs. Competitividad: el camino hacia el progreso sostenible. En este espacio sostuvo que el rol de la academia es aportar evidencia para que los actores sociales diseñen mecanismos eficaces en la búsqueda de un crecimiento económico alineado con la ley.

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Un porcentaje menos en la inversión empresarial

El economista enumeró algunas causas de la informalidad: la migración del campo a la ciudad y, además, la pertenencia de trabajadores informales a empresas formales conformaron la lista. En esa línea, fue enfático al identificar a la inseguridad ciudadana como otro elemento impulsor.

“La inseguridad ciudadana está funcionando como un impuesto que las empresas tienen que pagar. Probablemente, quienes más se están descapitalizando son las empresas pequeñas. Las unidades económicas pequeñas son las que están más sometidas a extorsión, lo cual implica en el fondo un impuesto adicional que tienen que pagar”, explicó.

Frente a la problemática, los comerciantes se ven obligados a emplear dinero no solo para cubrir la extorsión, sino también en sistemas de seguridad, personal especializado y seguros contra robos y pérdidas. De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Lima, muchas empresas destinan hasta un 10% de su presupuesto anual solo en medidas de protección.

“Es un porcentaje de la utilidad que se les está quitando para que puedan reinvertir en el crecimiento de sus empresas. [...] Si tenemos más violencia, ¿cómo afecta esta el crecimiento empresarial? Y, a la larga, ¿cómo afecta al crecimiento económico?”, cuestionó.

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Mirada global

Henry Espinoza, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas, compartió el panel con Casas y coincidió con la mirada global que exige el problema de la formalización. Al respecto, destacó que el rol del Estado es proveer las condiciones oportunas —normas, decretos y hasta capacitaciones— para que las personas y las empresas pueden desarrollar su potencial sin contratiempos.

También estuvo de acuerdo con ellos Antonio Cusato, economista del Banco Mundial, quien aseguró que no hay una respuesta inmediata para acabar con la informalidad. “Se necesita de un enfoque holístico”, reiteró.

Por ello, comentó que una de las medidas es buscar datos de las empresas informales para poder caracterizarlas de la mejor manera. “¿Qué tan parecidas son, en términos de productividad, las empresas formales respecto a las informales?”, planteó.

Antes de estas intervenciones, Paula Garda, miembro del departamento de Economía de la OCDE, ya había expuesto que la informalidad requiere de una visión multidimensional porque sus orígenes son variados: la debilidad de las instituciones y de la fiscalización; la baja calidad de la educación; el diminuto nivel de productividad de las empresas, los incentivos incorrectos para formalizar el sistema tributario y los elevados costes de la formalidad laboral.