
La crisis de inseguridad no se detiene, con un aumento en los índices de homicidios y extorsiones, que parece de nunca acabar. Aunque la responsabilidad es compartida entre las autoridades, Gestión revisó cómo están respondiendo las municipalidades de Lima.
En los primeros dos años de gestión municipal -2023 y 2024- han gastado más de S/ 1,335 millones para la categoría de “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, según datos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ese monto resultó equivalente al 87.2% y 91.7% de los presupuestos de cada año, respectivamente.
Pese a que el año pasado se logró la mayor ejecución presupuestal para la reducción de delitos en los últimos cinco años -quedando pendientes de ejecución menos de S/ 1 cada S/ 10 asignados-, la percepción de inseguridad siguió creciendo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con resultados al último semestre del 2024, en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao el 88.1% de la población de 15 a más años de edad a nivel nacional percibe que en los próximos doce meses podría ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad.

Presupuesto contra inseguridad en 2025
¿Cómo vamos este año? Al primer trimestre, las municipalidades de Lima han ejecutado S/ 184.8 millones, un 24% del presupuesto asignado para frenar la inseguridad.
Algunas municipalidades presentan niveles de ejecución presupuestal por debajo, siendo las de menor avance Lurigancho-Chosica (13.9%) y Breña (15.1%).

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¿Cómo se usaron los recursos?
Pese a que en promedio las municipalidades ya avanzaron con casi un cuarto del presupuesto para inseguridad, un reciente Barómetro de Seguridad de Verisure -con datos correspondientes al primer bimestre de 2025- advertía que en Lima 9 de cada 10 peruanos se sienten inseguros. Ante esto, es importante revisar si este gasto acelerado realmente se traduce en mejoras efectivas para la seguridad de los habitantes de la capital.
Al analizar los productos y proyectos de seguridad en los que se viene invirtiendo en la capital, se observa que la mayoría de municipios apunta a acciones de patrullaje, y en otros casos centran sus recursos en la compra de equipos como camionetas, artículos para vigilancia y hasta mobiliario de oficina para los centros de monitoreo. ¿Se está gastando correctamente?
Para Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, los municipios no están teniendo claridad respecto a sus atribuciones y sus responsabilidades en materia de seguridad ciudadana.
El especialista consideró que, la mayoría de municipalidades han reducido su rol en seguridad ciudadana a la simple compra de equipos.
“Estamos viendo que hay municipios que han reducido sus funciones en el tema de seguridad ciudadana a una especie de agencia de compras de vehículos, de motos, y de distribuir eso a algunas comisarías. Esa no es la función propiamente de las municipalidades”, comentó a Gestión.
Vargas precisó que el mayor problema es la falta de planificación, pues los municipios vienen gastando millones sin una estrategia real para mejorar los problemas de inseguridad.
“La principal función de los municipios en materia de seguridad ciudadana, tiene que ser preventivo. Esa prevención se realiza en un trabajo articulado no solo con comisarías, sino con las organizaciones sociales, asociaciones y hasta colegios (...) Se necesita tener una estrategia, tener un equipo, pero lamentablemente lo que estamos viendo es un absoluto desdén y desconocimiento de los alcaldes”, sostuvo.
Al mismo tiempo, advirtió Vargas, algunos municipios han caído en el extremo opuesto: asumir funciones que no les corresponden y poner en riesgo a sus propios serenos. Un ejemplo, indicó, es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que ha intentado establecer un equipo de inteligencia para luchar contra el crimen organizado.
"El serenazgo no está en sus funciones, no debe enfrentar al delincuente armado, para eso está la policía especializada, pero esto ocurre cuando no se tiene claridad de cuáles son las atribuciones de los alcaldes“, señaló.
Otros ejes fundamentales en los que deberían centrarse los alcaldes, añadió, son la recuperación de espacios públicos, para evitar que sean tomados por la delincuencia; y el cierre de mercados de bienes robados que, indicó, vienen funcionando incluso con autorización municipal.


Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.