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En los últimos seis años los ingresos por concepto de multas y sanciones que percibió el Estado peruano se elevaron en 154%. Subieron de S/ 638 millones a S/ 1,618 millones, lo que equivale a 4.5 veces el presupuesto público asignado a programas sociales como Vaso de Leche o dos veces el presupuesto de Beca 18, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andrés von Wedemeyer.
"Pese al crecimiento de 1.5 veces de la recaudación por multas y sanciones asociado a una mayor fiscalización dirigida hacia las empresas formales, la informalidad laboral y empresarial no se ha reducido significativamente", alertó el titular de la SNI.
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Precisó que el año pasado se captó por ingresos no tributarios 75% más de lo presupuestado. Así, las instituciones públicas en su Presupuesto Institucional de Apertura 2015 programaron ingresos no tributarios por S/. 603 millones; no obstante, recaudaron S/. 1,058 millones.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) si bien redujo lo recaudado en 33% respecto al 2014, captó S/. 559 millones en el 2015, constituyéndose en la institución pública que obtuvo los mayores recursos por multas y sanciones.
Figuran también las municipalidades provinciales y distritales, que en conjunto obtuvieron ingresos el año pasado por S/. 422 millones por este concepto, un 22% más comparado con el 2014. Von Wedemeyer resaltó que los gobiernos locales concentraron más del 70% de las barreras burocráticas denunciadas por las empresas ante Indecopi en el 2015 (1,350 barreras) por presunta ilegalidad o irracionalidad.
"Es importante resaltar que el crecimiento de la recaudación por multas y sanciones alcanza a todos los agentes económicos, de forma transversal a los sectores productivos y tamaños de empresas formales, lo que complica aún más el contexto de desaceleración productiva del último quinquenio", expresó el empresario.
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El líder gremial insistió en que es imperativo simplificar regulaciones de forma razonable, revisar los mecanismos fiscalizadores y minimizar la discrecionalidad de los funcionarios que aplican las multas, a fin de reducir de forma efectiva el incumplimiento de las normas para promover formalidad en las empresas.