Un proyecto de ley presentado al Congreso de la República a mediados de este mes pretende modificar la ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). Esto, argumenta el texto, “con la finalidad de mitigar los efectos negativos generados por proyectos de infraestructura vial de alcance metropolitano”. Agrega que además busca “contener la exposición al ruido constante, contaminación ambiental, la disminución de la edificabilidad, el deterioro del paisaje urbano, el aumento de la inseguridad urbana, entre otros efectos negativos, producto del impacto de los proyectos de infraestructura vial”.
Son dos modificaciones las que trae esta iniciativa legislativa. Una es un cambio al observatorio urbano nacional, donde se le agrega como una de sus funciones en materia de vivienda la de “identificar los conflictos sociales urbanos generados por infraestructura de impacto metropolitano con efectos negativos sobre la calidad de vida sus ciudadanos y elabora informes puestos a disposición de las autoridades competentes y la ciudadanía en general”.
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Además, como parte de los planes para el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano que considera la ley DUS, el proyecto de ley plantea se cree el “plan de mitigación de los efectos negativos ocasionados por infraestructura vial de alcance metropolitano” (PMEN).
Sobre este, se especifica que será elaborado de manera participativa por las municipalidades provinciales y aprobado conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), del Ambiente (Minam), así como con la ciudadanía organizada.
“(El PMEN) considerará criterios que compensen la disminución de la edificabilidad, la reducción del valor de las propiedades, la contención del posible aumento de inseguridad ciudadana y la generación de espacios verdes de amortiguación paisajística y sonora”, añade el texto propuesto.
En la justificación de la propuesta, el proyecto de ley menciona que “las autopistas tienen un profundo impacto sobre el tejido urbano, pues según una investigación, este tipo de infraestructura vial genera grandes diferencias entre la conectividad, por un lado, y la accesibilidad, por otro, pues si bien distintos lugares de la ciudad quedarán efectivamente conectados, el paso de la infraestructura puede ocasionar efectos irreparables para los entornos urbanos inmediatos que se ven afectados por la nueva infraestructura de escala metropolitana”.
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Plusvalía
Manuel Ugarte, socio del área inmobiliaria de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría señala que en el contexto del desarrollo urbano, las autopistas no solo son arterias de tráfico, sino también catalizadores de cambio económico y social. “Un aspecto fundamental de este cambio es la plusvalía: el aumento o disminución en el valor de las propiedades aledañas a estas infraestructuras”, resalta.
La construcción de una autopista puede generar un incremento significativo en el valor de las propiedades cercanas debido a una mejor conectividad y accesibilidad. Este efecto de plusvalía positiva es especialmente evidente en áreas previamente marginadas o con acceso limitado.
Aún así, reconoce Ugarte, hay espacio para que el mismo desarrollo puede tener un impacto negativo en otras áreas, especialmente aquellas cercanas a la infraestructura, donde el ruido, la contaminación y la alteración visual pueden reducir el valor de las propiedades.
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Pero, como parte de las estrategias, no esta en limitar o trabar obras que pudieran resultar claves para el desarrollo, sino encontrar un equilibrio para preservar y mejorar el paisaje urbano, incluyendo la generación de espacios verdes para la amortiguación paisajística y sonora, y la compensación -en caso se dé- por la disminución de la edificabilidad.
Angello Rivera, asociado principal de Osterling Abogados, menciona que “estas medidas buscarían equilibrar el desarrollo de infraestructura vial con la preservación del valor urbano, calidad de vida y sostenibilidad ambiental”.
Además, la propuesta contempla la necesidad de financiamiento, aunque no especifica fuentes concretas y la responsabilidad de implementación recae en las municipalidades en colaboración con los ministerios relevantes y la ciudadanía organizada.
Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
