El Indecopi puso en la mira a un presunto “cartel de medicinas”. Su Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) inició un proceso administrativo sancionador –de oficio– contra 15 empresas (laboratorios farmacéuticos) y cinco personas naturales debido a una presunta colusión en procesos convocados por el Estado, entre diciembre del 2006 y febrero del 2020.
De lo que se habla, en concreto, es de una “práctica colusoria horizontal”. Esto significa, explica el Indecopi, que “la presunta infracción se habría caracterizado por la existencia de un acuerdo de coordinación de propuestas y abstenciones celebrado por las empresas investigadas, con el objetivo de distribuirse entre ellas diversos productos farmacéuticos adjudicados mediante procesos de selección (subastas inversas) a cargo del Estado (a través del Ministerio de Salud y EsSalud)”.
Bajo lo mencionado, agrega la entidad, las partes habrían optado por no presentar propuestas o no formular pujas sobre los productos que serían de interés de otra de ellas, designando de antemano quién sería el ganador de cada uno de los procesos.
“(...) el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa en la existencia de indicios razonables sobre la realización de una presunta práctica anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los investigados”, resalta.
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Las empresas bajo investigación incluyen:
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Además, las personas naturales bajo investigación son:
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Los medicamentos
El Indecopi señala que el presunto acuerdo se habría ejecutado a través de una serie de comunicaciones entre las empresas involucradas, así como en negociaciones que estarían plasmadas en correos electrónicos, archivos de diversa índole o conversaciones telefónicas o instantáneas, “para lo cual también habrían empleado seudónimos y lenguaje críptico con el objetivo de no dejar rastro de la infracción”.
De confirmarse esta situación, habría distorsionado las condiciones de adjudicación e impedido que diversas medicinas sean adquiridas por el Estado a menores precios.
Entre ellas figuran la amoxicilina y azitromicina para el tratamiento de infecciones; antineoplásicos e inmunosupresores como el metotrexaco para el tratamiento de leucemias agudas, cáncer de cabeza y cuello; además de antianémicos como el sulfato ferroso, suplemento del hierro, entre otros productos.
En total, se investigan 23 procesos de contratación pública en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
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Cabe recordar que el mercado farmacéutico no tuvo su mejor año en el 2023. Sin embargo, las proyecciones hasta octubre del año pasado eran que crecería moderadamente entre 3% y 4%, respecto al 2022. Pero a solo días de cerrar el año, el panorama ha cambiado, según el último reporte Perú Mercado Farmacéutico, elaborado por IMS.
¿Cómo es el proceso?
Javier Documet, director de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi, detalló a Gestión que esta práctica ha sido objeto de una exhaustiva investigación por parte de la DLC. La dirección monitorea constantemente diversos mercados, especialmente aquellos que forman parte de la canasta básica familiar, en busca de comportamientos colusorios o patrones inusuales de competencia. Estas investigaciones preliminares recogen evidencias que pueden llevar a la formalización de una investigación más profunda.
El funcionario explicó que la ley de protección de conductas anticompetitivas otorga a las empresas investigadas un plazo de 30 días para presentar sus descargos. Posteriormente, se inicia una etapa probatoria de hasta siete meses, durante la cual se realizan diversas actuaciones para completar la investigación. Esta etapa incluye la elaboración de un informe técnico que es puesto en conocimiento de las partes, permitiendo así que se ejerzan sus derechos de defensa.
Documet subrayó que, aunque la DLC conduce la investigación y formaliza su inicio, la decisión final sobre la conducta investigada recae en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.
Esta estructura garantiza que el proceso cumpla con los estándares internacionales en materia de lucha contra carteles y políticas de competencia.
¿Cómo se detecta un cartel?
El funcionario explicó que se realiza a través del monitoreo continuo de los mercados por parte de la DLC. Este proceso incluye la emisión de estudios de mercado y la formulación de recomendaciones para mejorar la competencia. Un ejemplo reciente es el reporte sobre la adquisición de bolsas de aspiración de secreciones, donde se identificaron oportunidades de mejora sin necesidad de sanciones.
La hipótesis del Indecopi, consiste en que estos laboratorios habrían acordado establecer determinadas posturas o abstenciones en licitaciones públicas y otras formas de contratación estatal, con el propósito de repartir contratos entre ellos.
El esquema implicaba seleccionar a la empresa que haría la oferta más cercana al valor referencial del concurso, mientras que las demás simulaban competir o no se presentaban. Además, se habría acordado la repartición de productos específicos requeridos en las licitaciones, evitando así la competencia directa entre ellos.
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Sanciones
Fernando Salhuana, asociado principal de Cuatrecasas, explicó a Gestión que respecto a las implicancias de estas investigaciones, las empresas pueden ser sancionadas con multas si se confirma su participación en la conducta imputada. Además, la comisión puede adoptar medidas correctivas, como la implementación de políticas de prevención dentro de las empresas.
El abogado indicó que la Comisión de Libre Competencia del Indecopi dispone de aproximadamente 18 meses para emitir una resolución final sobre el caso. De encontrar responsabilidades y la infracción sea calificada como muy grave, las sanciones podrían incluir multas de hasta el 12% de los ingresos brutos de cada empresa involucrada o del grupo económico al que pertenezcan. Para las personas naturales, las multas podrían ascender hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/515,000.
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¿Prescripción por la demora?
Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados y abogado defensor de una de las empresas investigadas mencionó a Gestión que “podemos sospechar que alguna empresa ha confesado su conducta contraria a la ley y ha ‘delatado’ a otras. Sin embargo, en otros casos, como el de la empresa que defiendo, no hay evidencia suficiente ni indicios razonables para iniciar el caso”.
Stucchi expresa su preocupación por lo que considera un “apresuramiento por parte del Indecopi”: “Considero respetuosamente que se trata de un apresuramiento operado contra algunas empresas sobre las cuales no hay evidencia suficiente. Contra algunas sí la hay y habrá que investigar, se tendrá que defender y seguramente habrá un delator, pero contra otras no existe evidencia suficiente para formular cargo”, aseveró.
El abogado espera que la DLC del Indecopi revise el procedimiento y lo corrija en las etapas tempranas cuando reciba las defensas de las empresas. “Ya ha ocurrido que a veces el Indecopi, en primera instancia, se precipita y luego tiene que ser corregida por la comisión o el Tribunal en segunda instancia. Incluso hay segmentos de tiempo que ya estarían prescritos por el lapso que se ha tardado en investigar”.
Concluyó que: “has colocado a todas las empresas indebidamente en ‘el mismo saco’. Las acusaciones deben ser cuidadosas. En cientos de páginas de la resolución que he revisado, no en todos los casos ni para todas las empresas, se encuentra evidencia para acusarlas de esa conducta. Eso es lo que se tiene que corregir”, manifestó Stucchi.
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Sin respuesta
Gestión intentó comunicarse con algunos de los implicados en la investigación así como otros actores del sector, pero no obtuvo respuestas. Este diario intentó tener contacto con Mario Mongilardi Fuchs, pero no logró comunicarse; similar con José Alonso Portugal, socio de laboratorios Portugal, pero no se obtuvo respuesta. Ivan Galvez, gerente general de AC Farma, indicó que aún leería los documentos remitidos para emitir una pronunciación al respecto. Por su parte, a Laboratorios Lansier, el Minsa y Essalud se les pidió sus descargos por medio de su representantes de comunicaciones, pero al cierre de esta edición no se pronunciaron.
Fuentes del sector comentaron que el proceso que ha iniciado el Indecopi es parte de sus facultades como entidad reguladora y que las empresas podrán demostrar que no hay maniobra alguna al margen de lo correcto.
Además, sostienen que estos casos servirían también para hacerle ver a las entidades del Estado la cantidad de vicios administrativos que más bien frenan la competencia.
Problemas con medicamentos
Con respecto a los recursos públicos para medicamentos de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 13 de julio, solo se ha ejecutado el 36.5% de los más de S/ 1,188 millones designados a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para la compra de medicamentos. Con esto, se presenta el reto de ejecutar más del 60% de los recursos, es decir, más de S/ 750 millones. Es decir, más del 60% de recursos públicos para comprar medicamentos aún no se gasta.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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