El acceso a una vivienda en condiciones adecuadas es un derecho fundamental para los consumidores. Sin embargo, en algunos casos, las construcciones presentan deficiencias que pueden afectar la habitabilidad y generar reclamos ante las autoridades competentes.
En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) analizó una denuncia contra una empresa constructora sobre la posibilidad de devolución del dinero pagado por un departamento, debido a presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
El caso surge a raíz de que una persona -que adquirió un departamento en 2014- presentó una denuncia ante Indecopi en 2016, alegando diversas deficiencias en la construcción del inmueble. Entre los problemas reportados se encontraban fallas en la conexión de agua y desagüe, una incorrecta instalación del elevador para personas con discapacidad y la falta de adecuación de áreas comunes como el counter de vigilancia. También se señalaron alteraciones en la ubicación de puertas contra incendios, lo que afectaba la ventilación e iluminación del edificio.
Ante estos reclamos, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi inició una investigación para determinar si se había vulnerado el derecho a la idoneidad del bien adquirido.
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Tras analizar el caso, Indecopi evaluó si las deficiencias denunciadas comprometían el uso adecuado del departamento y si la empresa constructora había intentado corregirlas de manera efectiva. Se encontró que algunos problemas habían sido solucionados tardíamente y sin supervisión técnica adecuada, mientras que otros seguían afectando la calidad del inmueble.
En este proceso, la entidad también revisó documentación sobre la factibilidad de servicios básicos y la veracidad de la información proporcionada al comprador en el momento de la adquisición. Algunos aspectos fueron anulados o revocados por falta de pruebas concluyentes, mientras que otros fueron confirmados como incumplimientos.
Como resultado, recién en el 2025, Indecopi emitió una resolución donde ordenó la devolución del dinero pagado por el departamento, incluyendo la cuota inicial y pagos financiados con intereses legales, a cambio de la reversión del inmueble a la constructora.
Impuso sanciones económicas a la empresa por incumplimientos en la habilitación de servicios básicos y accesibilidad, con multas de hasta 2 UIT (S/ 10,700, con valor del 2025) por cada infracción confirmada. La resolución establece un plazo de 45 días hábiles para que la empresa cumpla con la devolución y deja abierta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento sobre algunos puntos anulados, que deberán ser evaluados nuevamente por la Comisión de Protección al Consumidor.
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¿Consecuencia de demoras de Indecopi?
Alex Sosa, socio de Muñiz, explicó que el consumidor presentó la denuncia dentro del plazo de prescripción (2 años) establecido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que el reclamo fue válido.
Sin embargo, señaló que el problema no radica en la presentación de la denuncia, sino en el tiempo que tardó Indecopi en resolver el caso. Según Sosa, un procedimiento de esta naturaleza no debería prolongarse por tantos años, ya que esto genera incertidumbre tanto para el consumidor como para la empresa involucrada.
Por su parte, Carlos Rodas Ramos, socio de Stucchi Abogados, indicó que, de haberse seguido los tiempos regulares, el caso podría haberse resuelto entre 2018 y 2019. En ese escenario, el debate sobre la proporcionalidad de la medida habría sido distinto, ya que no se trataría de una devolución después de 10 años de uso del inmueble.
No obstante, la demora prolongada llevó a que el fallo se emitiera casi una década después de la compra del departamento, lo que genera incertidumbre y cuestionamientos sobre la seguridad jurídica de este tipo de decisiones. En ese sentido, Rodas enfatizó la importancia de que estos procedimientos se resuelvan en plazos razonables para evitar este tipo de situaciones.
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Seguridad jurídica
Sosa fue en la misma línea y subrayó que establece un precedente en el que una empresa podría enfrentar sanciones severas incluso después de haber intentado corregir los desperfectos.
Explicó que, si bien la protección al consumidor es fundamental, las empresas necesitan criterios claros sobre hasta qué punto pueden ser responsables de un producto después de varios años de uso. Asimismo, indicó que la falta de predictibilidad en la aplicación de sanciones podría afectar la estabilidad del mercado inmobiliario, al incrementar el nivel de riesgo en cada transacción.
Rodas agregó que esta resolución podría tener un impacto significativo en el sector inmobiliario, ya que podría motivar a las empresas a reforzar sus garantías y mejorar la gestión de reclamos para evitar litigios prolongados.
No obstante, señaló que la posibilidad de devolver un inmueble después de una década de uso genera incertidumbre sobre los límites de responsabilidad de las inmobiliarias.
Además, enfatizó que este tipo de decisiones pueden influir en cómo las empresas manejan sus contratos de compraventa y su servicio postventa, lo que podría derivar en cambios en la forma en que se estructuran las condiciones de entrega y garantía de los inmuebles.
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¿Se puede replicar a otros casos?
Sosa indicó que esta resolución podría generar expectativas entre otros consumidores que hayan presentado denuncias similares dentro del plazo de prescripción.
Sin embargo, explicó que la devolución total del dinero no necesariamente sería replicable en todos los casos, ya que cada situación debe analizarse en función de los desperfectos reportados y las acciones tomadas por la empresa para corregirlos.
Además, señaló que el hecho de que este caso haya tomado 10 años en resolverse plantea una situación excepcional, lo que podría limitar su aplicabilidad generalizada.
Rodas mencionó que en otros sectores, como el automotriz, existen antecedentes de devoluciones de dinero o reemplazo de bienes debido a defectos persistentes. Explicó que en algunos casos de vehículos de alta gama, cuando un defecto no puede ser corregido tras múltiples intentos de reparación, el consumidor puede optar por la devolución del dinero o la sustitución del automóvil.
Indicó que esta lógica podría aplicarse a ciertos casos inmobiliarios en los que los defectos afectan gravemente la habitabilidad del inmueble y la empresa no logra solucionarlos de manera efectiva. Sin embargo, advirtió que, a diferencia de los automóviles, los inmuebles suelen valorizarse con el tiempo, lo que podría generar un escenario distinto en cuanto a las compensaciones económicas y su impacto en el mercado.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
