Un proyecto de ley que propone eliminar la segunda instancia en los procedimientos por barreras burocráticas avanza en el Congreso de la República de Perú. Esto ha generado preocupación en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
De aprobarse, las decisiones emitidas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi serían definitivas y ya no podrían ser revisadas por la Sala Especializada. Es decir, advierte la institución, se afectaría el derecho de defensa y la calidad técnica del sistema.
En el Perú, la eliminación de barreras burocráticas es uno de los mecanismos que permite corregir disposiciones emitidas por entidades públicas que afectan injustificadamente el ejercicio de actividades económicas.
El modelo vigente contempla dos niveles de evaluación: una comisión en primera instancia y una sala que actúa como instancia de revisión. Para Indecopi, esta estructura es clave para garantizar decisiones equilibradas y técnicamente sólidas.
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Posición de Indecopi ante eventual cambio en el procedimiento para eliminar barreras
Durante una exposición institucional, el secretario técnico de la comisión mencionada, Luis Marcelo Gorrio, explicó que el sistema actual ya opera con plazos eficientes. La Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas resuelve los casos en un promedio de 86 días hábiles, por debajo del límite legal de 120 días.
“La doble instancia no genera retraso, sino equilibrio y control interno. El problema que se busca corregir ya fue superado hace tiempo”, señaló.
Indecopi también defendió la importancia técnica de esta segunda etapa. De acuerdo con sus registros, el 45% de las decisiones emitidas por la comisión son modificadas en segunda instancia, lo que evidencia su rol como mecanismo de corrección y estandarización.
Además, el Poder Judicial confirma el 96.62% de las resoluciones emitidas por la sala, lo que —según los funcionarios— valida la solidez del sistema.
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Desde un enfoque normativo, la institución indicó que la propuesta no se alinea con los principios de mejora regulatoria ni con estándares internacionales de debido proceso.
“La apelación no solo es una garantía, también es una herramienta técnica para reforzar la calidad de las decisiones administrativas”, señalaron.
De aprobarse en el pleno, el proyecto marcaría un cambio estructural en el modelo de fiscalización administrativa vigente desde hace más de dos décadas. Para Indecopi, no se trata solo de una cuestión de trámite, sino de una garantía procesal esencial que permite corregir errores, uniformizar criterios y preservar la legitimidad técnica y jurídica del sistema.
En un contexto donde la eliminación de barreras burocráticas ha demostrado generar importantes ahorros económicos y mayor predictibilidad para los agentes económicos, la institución advierte que limitar los mecanismos de revisión podría socavar la confianza en el proceso y abrir un precedente riesgoso en materia de control regulatorio.
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
