¿Otra vez el Impuesto a la Solidaridad en la agenda? Y aunque no ha salido del debate, los cuestionamientos al Ejecutivo son si se ha llegado o no a la meseta de contagio, con regiones con falta de oxígeno y camas; o de cómo se inicia la reactivación económica, sin que deje a muchas actividades pendientes.
Sin embargo, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nuevamente habría recibido el encargo de analizar la propuesta que hizo el presidente Vizcarra en abril, sobre el “impuesto real solidario”.
La base del análisis preliminar se mantiene, y comprenderá a quienes perciben ingresos por más de S/ 10,000, a fin de que tributen entre un 10% y 15% adicional a lo que ya vienen realizando.
Esto retomando el análisis inicial, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo posteriormente, que con ello se espera recaudar S/ 300 millones.
La medida sería temporal y solo por un periodo corto que se analiza entre tres y seis meses. Todo aún está en borrador y trabajándose sobre esa premisa: la efectividad en la recaudación y la temporalidad.
Para ello se tiene dos caminos, y es pedir nuevamente facultades legislativas para realizar estos ajustes en materia tributaria que no estaba contemplado en el reciente pedido, y junto a ello culminar algunas tareas pendientes.
El otro, es que, con la propuesta inicial, se presente al Congreso un proyecto de ley para su debate. El problema de esta ruta es que según las últimas experiencias, el parlamento ha rechazado y archivado algunas iniciativas del Gobierno.
En tanto, el Congreso tiene otras iniciativas similares en agenda, desde la presentada por el Frepap antes de que el presidente de la República Martín Vizcarra diera a conocer este planteamiento.
Proyectos en el Congreso
En el Congreso se han presentado hasta el momento tres iniciativas aplicadas a los ingresos o al patrimonio acumulado.
En el caso del Frepap en marzo de este año, plantea la aplicación de un impuesto solidario, con una tasa de entre 0.22% y 3% a las personas naturales y jurídicas.
La tasa depende del monto reportado en el año fiscal y puede variar, así, en el caso de ingresos a partir de S/ 1 millón, para personas naturales la tasa es de 0.22% a 1%.
En el caso de las personas jurídicas, la tasa de impuesto a los ingresos que se plantea es de 1% y 2% a partir de los S/ 10 millones. Y, en el caso de los Grupos Económicos, cuando los ingresos superen los S/ 50 millones, se propone una tasa de entre 2% y 3%.
Por su parte, Somos Perú hizo una propuesta diferente, pues señalan la aplicación de tasas de entre el 1% y 3% para las personas naturales y jurídicas cuyos ingresos superen S/ 10 millones al año.
En este caso se analizan los rangos de ingresos a partir de S/ 10 millones hasta los S/ 50 millones, con la aplicación de la tasa de 1% en impuesto; de S/ 51 millones a S/ 1,000 millones, con tasas de 2%; y mayores a S/ 1,000 millones con la tasa de 3%.
Mientras que la propuesta de ley del Frente Amplio plantea la aplicación de un impuesto al patrimonio de las personas naturales y no a los ingresos. Tampoco se aplicaría a las empresas (personas jurídicas). En dicha iniciativa se propone una tasa de entre 1% y 5%, según la escala del valor patrimonial en cinco tramos.
Los que tienen su valor patrimonial por más de 400 UIT, es decir superior a S/ 1.72 millones (tomando la UIT con un valor de S/ 4,300) la tasa sería de 1%. Si la persona natural tiene patrimonio mayor a 700 UIT (más de S/ 3.01 millones) la tasa que se aplicaría sería de 2%, si es mayor de 1,000 UIT de 3%, si es mayor a 1,300 UIT de 4%, y por último, si es mayor a 1,600 UIT de 5%.
En este caso, la aplicación se realiza a todos los activos que posea la persona, se acciones, inmuebles, depósitos bancarios o colecciones de valor, entre otros.
¿Escenario ideal?
Los resultados de la actividad económica en marzo han revelado una caída de 16% en el PBI, y las proyecciones desde el MEF es que el resultado sea negativo en un 40% para el mes de abril.
Además, para el trimestre de febrero, marzo y abril, solo en Lima hay 1.2 millones de peruanos sin empleo, y los adecuadamente empleados, -es decir las personas con mejores ingresos y que trabajan más de 35 horas a la semana- se han reducido en más de 930 mil personas en la capital.
Los economistas coinciden que la aplicación de este impuesto afecta a los profesionales de clase media.