La importación de Perú de maíz amarillo duro, insumo clave para la alimentación de aves y porcinos, se desaceleró en febrero, coincidiendo con la, anunciada previamente por Estados Unidos, invasión de Rusia a Ucrania que se inició el 24 de febrero.
De acuerdo a datos compartidos por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con Gestión.pe, en enero último ingresaron al país 304,651 toneladas de maíz amarillo, una cifra ya menor versus el mismo mes del 2021 (329,240), explicado por una significativa reducción de los envíos desde Estados Unidos. Mientras que para el mes de febrero el ingreso total solo alcanzó las 202,224 toneladas (-34% frente a enero).
Estados Unidos, el segundo principal proveedor de Perú, es el que registra una reducción de 59% en los envíos a Perú durante febrero versus el mismo mes del 2021. En tanto, Bolivia, que no figuraba como un proveedor clave durante los primeros meses del año, ahora es el cuarto abastecedor (ver cuadro).
Carlos Posada, de Idexcam de la CCL, había adelantado que ante un menor stock del grano amarillo a nivel mundial -Rusia y Ucrania han detenido envíos mientras que Argentina tendría problemas con su producción- le tocaría al Perú cubrir un posible déficit con la producción de Bolivia, Canadá, India e incluso Croacia, a lo que los importadores tendrán que sumar el costo alto del flete.
Las granjas en Perú han mencionado que el costo de producción ya super los S/ 5 por kilo de pollo vivo sin considerar el tema del flete local. Pero el precio al consumidor finalmente lo determina el intermediario cuyos márgenes, en el peor de los casos, alcanza el 44%. Un golpe directo a los hogares.
Perú, por más esfuerzos que intente hacer para elevar la producción local del grano, no podrá llegar más allá de un 30% de participación, añade Wladimir Jara del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Explica que solo en la zona de la costa central (Lima, Ica y Ancash) la producción por hectárea alcanza un óptimo de 11 toneladas pero sin suficiente espacio para ampliar la frontera. Mientras que en la costa norte alcanza solo las 5.6 toneladas. En tanto, aún se necesitan políticas para fortalecer la producción en la selva, donde hay espacio pero no existe ningún grado de tecnificación.
“Aun así se potenciara la zona costa podríamos pasar de los 1.12 millones de toneladas (actual) a 1.4 millones, pero la demanda local ya supera los cinco millones de toneladas por lo que es difícil autoabastecernos, y sustituirlo es imposible”, agrega.
Aumentará dependencia
Y aun así se quisiera extender las áreas de maíz el problema que salta es la escasez y alto costo de fertilizantes. Este insumo es clave y tanto Posada como Jara coinciden en que debe ser un tema prioritario a trabajar desde el Estado. Y es que un campo sin fertilizantes solo producirá el 50% de su potencial, lo que podría afectar también a las agroexportaciones peruanas.
“Para países como Perú que tras la gran crisis alimentaria de hace años atrás no atendieron el problema de la seguridad alimentaria se plantea un escenario muy duro y brutal, y lo que proyectamos es que se acelere la dependencia de alimentos importados este año como no se ha visto antes”, señala Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).
Agregó que, aunque se puedan hacer muchas propuestas, se ejecutarán en el mediano plazo. En el corto plazo lo único que nos quedará es resistir a la subida de precios con la posibilidad de que eventualmente el Gobierno subsidie algunos productos y eso dependerá del equilibrio fiscal.
Y, en esa línea, también afirma que el Gobierno de Pedro Castillo deberá contemplar si amplía más allá de marzo la entrega de los bonos para subsidiar la compra de fertilizantes, insumo cuyo precio se ha encarecido en casi US$ 100 desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania.
Cabe indicar que el gobierno había propuesto dos soluciones a la crisis de fertilizantes: una planta de urea en Bayóvar cuya propuesta para Del Castillo es una oferta de varios años; y la importación de urea de Bolivia que el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, ahora ha reconocido que no es viable.