El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo de Vinatea, sostuvo que la creciente participación de la minería ilegal en la producción aurífera está privando al Estado peruano de importantes recursos.
“El 50% del oro que se extrae hoy en el Perú es de procedencia ilegal. Eso significa que no deja nada a los peruanos, que somos los verdaderos propietarios de ese recurso”, subrayó en RPP.
El representante del gremio minero señaló que la informalidad no solo genera pérdidas tributarias, sino que también debilita el Estado de derecho en varias zonas del país, donde operan redes ilegales que terminan generando violencia e inseguridad.
LEA TAMBIÉN: No solo es oro: Brasil toma acciones contra extracción ilegal de diamantes en la Amazonía
El gerente del IIMP participó en la mesa técnica convocada por el Ejecutivo para discutir el futuro de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). En este espacio, reiteró la necesidad de separar el desarrollo legítimo de esta actividad de las estructuras ilegales que se benefician de vacíos normativos.
Cierre del Reinfo
Gustavo De Vinatea fue enfático al pedir que no se prorrogue más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, según dijo, debe concluir definitivamente el 31 de diciembre de 2025. “No puede permitirse más prórrogas ni nuevos nombres que perpetúen el sistema actual. El daño que la minería ilegal le hace al país ya es evidente para todos los peruanos”, afirmó.
LEA TAMBIÉN: Minería ilegal en Pataz: incautación de equipos durante operativo supera los S/ 7 millones en valor
El IIMP también ha solicitado que se incorporen en la mesa técnica a los mineros que han logrado formalizarse, con el objetivo de replicar sus experiencias exitosas. Según De Vinatea, entender cómo algunos actores superaron las barreras burocráticas puede ayudar a construir una política más efectiva de formalización.
Gerente general del IIMP señala que la expansión de la minería ilegal no solo compromete la recaudación fiscal, sino también el desarrollo de una política efectiva para la formalización del sector. (Fuente: Andina)
