Mientras la ley marco para las zonas económicas especiales privadas (ZEEP) sigue en pausa en el Congreso, en las comisiones ya se cocinan al menos 23 proyectos de ley que proponen la creación de nuevas zonas económicas especiales (ZEE) y zonas francas.
Como se recuerda, la iniciativa que crea el tratamiento especial tributarios y aduanero para las ZEEP fue observada por el Poder Ejecutivo a fines de mayo. Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó por insistencia el texto y ahora solo queda pendiente su aprobación en el Pleno.
En tanto, continúan sumándose proyectos para la creación de nuevas ZEE, 6 de ellas evaluándose en las comisiones, 14 que ya son parte de dictámenes, mientras que uno ya está en la agenda para discutirse en el pleno del Poder Legislativo.
Estas ZEE propuestas en el Congreso -que establecen incentivos como la reducción o eliminación de impuestos para operar en esas zonas- para zonas como Chancay, Loreto y otras regiones serían de administración pública, es decir, como aquellas que existen en Tacna, Ilo (Moquegua), Matarani (Arequipa) y Paita (Piura).
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¿Tantos proyectos generan algún riesgo?
Aunque tienen varios años de creación, el balance de estas zonas públicas es en gran medida nulo. Por ello, la proliferación de iniciativas de este tipo arrastra riesgos de convertirse solo en promesas sobre papel, comentó Edgar Vásquez, ex ministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de la Asociación de Exportadores (Adex).
Vásquez recordó que aparte de las cuatro zonas especiales que operan, actualmente hay otras cuatro creadas -en Iquitos, Tumbes, Puno y Cajamarca-, pero que nunca han funcionado.
“No funcionan porque no existen condiciones para que físicamente se desarrollen. Si uno ve de las ocho ZEE creadas legalmente, en cuatro no tienen terrenos. Después de la salida de estas leyes nadie invierte, no hay terrenos y no se genera finalmente lo que se promete”, indicó a Gestión.
Ante esto, Vásquez consideró que la presentación de tantos proyectos que buscan crear una ZEE, especialmente en donde no hay condiciones reales, responden más a una lógica populista y clientelista de los legisladores.
De todas las zonas existentes, señaló que solo Paita muestra algo de resultados al exportar cerca de US$ 100 millones al año, lo cual no representa una gran movilización de inversiones, exportaciones, ni empleos.
Juan Carlos Mathews, también ex titular del Mincetur y vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola (USIL), coincidió en que el manejo público no ha funcionado bien pues las zonas económicas solo funcionan si tienen infraestructura de soporte.
“De las cuatro operativas, tres exportan unos US$ 79 millones que es nada. Por ejemplo, comparándolo con Uruguay, que es un país chico, ellos exportan US$ 2,000 millones a través de las zonas económicas. Entonces, significa que ese modelo no es el que ha funcionado mejor”, precisó.
Mathews recordó que hace décadas muchas empresas se mudaron a zonas francas atraídas por beneficios fiscales, pero enfrentaron sobrecostos logísticos debido a que las áreas estaban alejadas de los puertos y el costo de flete era mucho mayor que la ventaja tributaria.
Hay al menos 23 proyectos de ley que proponen la creación de nuevas zonas económicas especiales (ZEE) y zonas francas.
¿Necesidad de una ley marco?
En medio de esto, la creación de una ley marco para zonas especiales privadas apareció como una alternativa, pero aún continúa en suspenso.
Una de las observaciones del Ejecutivo eran los efectos que podrían tener las exoneraciones tributarias planteadas pues se busca que los contribuyentes que sean operadores o usuarios sean beneficiadas con un 0% de Impuesto a la Renta (IR) en los primeros cinco años de funcionamiento. Esto aumentaría progresivamente en los siguientes 25 años hasta alcanzar una tasa de 15%.
Pero, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que las zonas especiales no se conviertan en espacios de privilegio fiscal sin resultados? En ese aspecto, Mathews planteó replicar incentivos condicionados, como ocurre en Taiwán.
“Se va dando el incentivo en la medida que cumplen la meta de inversión a la que se han comprometido. Si dicen que con su inversión va a generar tantas exportaciones, rentas para el estado y 1,000 puestos de trabajo, pero solo llegan a 200, se les da un quinto del incentivo. Tiene que haber candados porque de otra manera se pueden convertir en paraísos de beneficio tributario donde no generan el beneficio que se esperaba y el Estado pierde más”, explicó.
En cuanto a la posibilidad de un IR de 0%, recomendó ser pragmáticos, pues si países vecinos y competidores como Chile, México, Colombia y Uruguay ofrecen esas condiciones, Perú debe igualarlas para ser competitivo y atraer inversiones.
Otro punto clave para Mathews es que la política de ZEEP no deje fuera a las mypes, que representan más del 98% del tejido empresarial peruano.
“Estas zonas suelen pensarse para grandes industrias. Por ejemplo, generar programas de estímulo a la asociatividad para mypes que se consorcian”, indicó.
Pese a que la administración privada en las ZEE puede atraer inversión de manera competitiva, la motivación política -especialmente en una temporada cercana a las elecciones del 2026- puede arruinar el objetivo.
Vásquez de Adex precisó que luego de una eventual aprobación de la ley marco que crearía un nuevo sistema de zonas económicas especiales privadas, el paso más complejo son las leyes de “habilitación de espacios específicos”, que definirán dónde se permitirá la creación de estas zonas.
“Ese es un paso que ha generado controversia. Varios congresistas quieren aprovechar la ley marco para meter sus propias regiones, pero no es viable crear zonas económicas especiales en todo el territorio nacional, no en estos momentos. Si en el futuro se van generando las condiciones, el mecanismo lo va a permitir, pero no debe hacerse de una vez generando una expectativa irreal”, sostuvo.
Esta situación, advirtió, podría ejercer presión sobre las autoridades del Ejecutivo para que autoricen la creación de zonas sin las condiciones adecuadas, lo que resultaría en una proliferación de autorizaciones sin resultados reales y sin atracción de inversión.
Además, para que estas zonas sean exitosas como las planteadas en otros países, resaltó la necesidad de condiciones específicas: deben estar integradas o tener cercanía con infraestructura de conectividad como puertos, aeropuertos, carreteras; contar con servicios industriales apropiados de agua, desagüe, electricidad e internet; y disponer de recurso humano con perfiles técnicos y profesionales adecuados y suficientes.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
