El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala que –al mes de febrero– se tienen identificados 89 conflictos activos. De estos, 56 conflictos involucran al sector minero, lo que representa el 62.9% del total. Esta situación –en opinión de Comex Perú– resulta preocupante dada la importancia que tiene este sector en el país.
En su último semanario, Comex Perú explicó que la relevancia de la minería se percibe, por ejemplo, en las regiones de Cusco, Junín y Arequipa, donde ejerce un efecto positivo en diferentes sectores como el agropecuario, la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios.
Ello debido a las operaciones de minas importantes en los últimos años (Constancia, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, respectivamente), tal como lo constata el Informe de Complementariedad Sectorial de la Minería, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR).
“Así pues, las paralizaciones que puedan sufrir las actividades mineras impactan negativamente en muchos otros sectores de la localidad en la que operan, lo que hace imprescindible que el Estado garantice un diálogo constante con los pobladores para evitar estos conflictos, además de asegurar que las autoridades utilicen correctamente los recursos derivados de estas actividades en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los pobladores, lo que no sucede”, anotó el gremio.
Asimismo, Comex Perú consideró que el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe tener una posición de liderazgo mucho más activa para garantizar la solución de estos problemas en un ambiente alejado de la violencia y la criminalidad, pero siempre asegurando el imperio de la ley.