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En el 2020, el Perú llegó a un pico de deforestación que alcanzó las 203, 272 hectáreas (ha), 37% más que en el 2019 y la cifra más alta en dos décadas, según información del Ministerio del Ambiente.
Con esa cifra, en total, el país ha perdido 2.6 millones de ha de bosques en los últimos 20 años, en su mayoría causados por el avance de la agricultura de subsistencia y por la tala ilegal, según expertos del tema.
Una investigación realizada sobre esta problemática con apoyo de Usaid, reveló que un 36% de la madera ilegal que se vende en el país proviene de bosques locales y un 32% de bosques de comunidades nativas, sobre todo de Loreto, Madre de Dios y Ucayali.
Contratos
La explotación maderera en los bosques de las comunidades no la realizan propiamente estas, sino terceros (empresas), mediante acuerdo con las comunidades, y la investigación mostró que solo un 50% de tales acuerdos se realiza de manera formal, a través de contratos, es decir que cerca de la mitad se realizaría informalmente (ver En Corto).
Dado que en la mayoría de casos las comunidades no cuentan con financiamiento ni conocimiento de procedimientos para la obtención de permisos para manejo forestal, estas suelen asociarse con terceros para que financien y realicen el aprovechamiento de la madera.
En los acuerdos, generalmente un 70% de las ganancias por la explotación de los bosques comunales se la llevan los terceros y solo un 30% queda para las comunidades, según los investigadores.
En Corto
Infracciones. Cuando se detectan infracciones las comunidades nativas asumen la totalidad de las multas aplicadas por ser las únicas que figuran en los permisos forestales.
Javier Arce, coordinador del proyecto Usaid ProBosque, dijo que para enfrentar esto, el estudio recomienda que, con apoyo de Osinfor, se fortalezca la capacidad de negociación de comunidades, así como realizar cambios en la legislación del sector.