En una de sus primeras medidas importantes, el Gobierno de José Jerí anunció que, desde ayer a las 00:00 horas y por un plazo de 30 días, regirá un estado de emergencia en Lima y Callao para hacer frente a la inseguridad ciudadana.
Frente a este panorama, Gestión recogió la impresión y perspectivas de gremios empresariales. Un aspecto en el que coincidieron es que la eficiencia de este estado de emergencia dependerá de que esté acompañado de otras medidas integrales. Sin embargo, las percepciones tienen matices.
Perspectivas
Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), consideró que la decisión del Gobierno es viable y un buen “punto de partida” para hacer frente a la inseguridad. Sin embargo, remarcó que no es una solución en sí misma.
“La criminalidad avanza y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero sí debemos tener claro que el estado de emergencia no es una solución definitiva, sino una herramienta para abordar este gran problema”, sostuvo.
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A su turno, Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), alertó que las declaratorias de emergencias por sí sola no son garantía de mejoras y un caso que lo ejemplifica es Pataz (La Libertad), donde la minería ilegal avanza a pasos agigantados.
“La sola presencia policial o militar no desarticula las redes criminales ni resuelve las causas estructurales del problema (...) si no existe una estrategia clara e integral, estas medidas temporales resultan insuficientes mientras el crimen organizado sigue expandiéndose de forma agresiva”, mencionó.
Por su parte, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), opinó que, dada la coyuntura y dimensión de violencia, extorsión y sicariato por la que estamos atravesando y que afecta especialmente a la población más vulnerable, se justifica esta declaratoria, toda vez que contribuya a devolver a la ciudadanía la paz y la tranquilidad.
En una posición más escéptica se mostró Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú (MUP), señalando que la evidencia reciente muestra que esta medida no funciona.
“Lo vemos en los resultados que nos dejó todas estas acciones durante el Gobierno de Dina Boluarte”, apuntó. Sin embargo, valoró que la intervención de los centros penitenciarios, puntualmente atacar las vías de coordinación que les permite continuar delinquiendo, podría resultar interesante.
Los cuatro empresarios concordaron en que la fórmula para que tenga éxito esta medida dependerá del nivel de articulación que pueda tenerse entre todos los actores involucrados y que los planes no sean estáticos, sino que se ajusten a la realidad a atender.
“Es muy importante que se brinde a la Policía el soporte tecnológico, como ocurre en la mayoría de las ciudades del mundo. Los resultados también dependerán, en gran medida, de la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación”, dijo James.
¿Costo económico?
Zapata recordó que, según instituciones como Videnza Consultores, la inseguridad le cuesta al Estado más de 3.1% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a poco más de S/ 30,000 millones.
Por ello, instó al Gobierno a que aproveche al máximo las disposiciones que ellos mismos han incluido en el estado de emergencia para evitar esa pérdida económica.
“Si la medida logra reducir los niveles de delincuencia, el impacto será positivo, debido a que transformaría un costo temporal en una inversión para la estabilidad y el crecimiento económico”, agregó De la Tore.
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Asimismo, Hermoza, presidente del MUP, señaló que entre las acciones complementarias para luchar contra el crimen se deben involucrar a la Sunat y a sectores como el de educación, pues existe un riesgo de que la juventud pueda ser “seducida”.
“El sector debe crear planes para atender a nuestra juventud durante estos contextos. Se debe involucrar a todos los ministerios y organismos”, refirió.
Dato: S/ 14,000 millones es el costo de la inseguridad, únicamente para el sector privado, según estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recientemente.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
