El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Vladimir Cuno, señaló que uno de los focos del Gobierno, expresado en el pedido de facultades legislativas, está en destrabar grandes proyectos emblemáticos de su sector.
Al respecto, Cuno mencionó que se buscará ajustar la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, para incorporar a las infraestructuras hidráulicas entre las obras exceptuadas de medidas cautelares que paralizan su ejecución.
“Lo que se busca es resolver la paralización recurrente de proyectos de infraestructura hidráulica causadas por medidas cautelares que retrasan o paralizan obras esenciales”, refirió este lunes 24 de noviembre, ante la Comisión de Constitución y Reglamento.
El ministro sostuvo que estas paralizaciones generan pérdidas económicas millonarias, afectan el acceso al agua de riego y de consumo humano, limitan la expansión agrícola y frenan el desarrollo regional.
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“Casos como el Proyecto Especial Chavimochic y Majes Siguas II muestran el impacto negativo”, refirió.
Cuno consideró la medida como “urgente”, pues actualmente hay más de 2,300 obras paralizadas. “Se requiere cerrar brechas hídricas”, comentó.
Otro aspecto que destacó el ministro fue la creación de un instrumento de gestión ambiental para riego ante herramientas insuficientes. “Este instrumento complementario buscar acelerar las evaluaciones sin debilitar la rigurosidad técnica”, mencionó.
El funcionario precisó que la medida no demanda recursos adicionales al Tesoro Público
Asimismo, destacó la creación de un Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), que apunta a compensar a las agroexportadores por el pago de un bono laboral.
“La propuesta parte de la realidad que nos demuestra que empresas agrarias formales que cumplen con las obligaciones de la ley 31110 enfrentan cargas mayores a sus competidores de otro países (…) estas obligaciones, a la larga, frenan la formalización y resulta necesario establecer mecanismos que canalicen ese esfuerzo”, subrayó.
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