Las fortalezas que alguna vez caracterizaron al Perú, hoy se pondrían en duda. La Encuesta de Expectativas Fiscales del Consejo Privado de Competitividad (CPC) se plantea un objetivo: recabar la opinión y estimaciones de expertos nacionales e internacionales sobre la situación fiscal del país, y alertar sobre los factores que pueden afectarla. Los resultados de su reciente publicación -compartido en exclusiva con Gestión- preocupan.
Consultados sobre la evolución del déficit fiscal, los analistas anticipan que este se mantendrá en niveles elevados en los próximos años: 2.7% del PBI en 2025 y 2026, 2.4% en 2027 y 2.2 % en 2028.
“Esta trayectoria refleja la ausencia de un proceso sostenido de consolidación fiscal. Además, los niveles proyectados no solo se mantienen elevados, sino que superan los límites fijados por la regla fiscal vigente —según el Decreto Legislativo 1621— (...)”, explica el informe.
Es más, incluso si se concretara el cambio a las reglas fiscales planteado recientemente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aun así, habría incumplimientos.
Hay que recordar que el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, señaló que se ampliará el “techo” del déficit fiscal para este año, de 2.2% a 2.5% del PBI, y para el próximo se cambiaría de 1.8% a 2%.
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Dada esta situación, nueve de cada 10 de los expertos (91%) consultados rechazó que se modifiquen las reglas fiscales vigentes. Advierten que modificar repetidamente la regla fiscal daña la credibilidad institucional y la confianza de los mercados.
Señalan que, pese a ingresos altos por términos de intercambio favorables, el incumplimiento responde a la decisión de sostener un gasto creciente. Además, no existen condiciones excepcionales (como un desastre natural u otro shock externo) que justifiquen legalmente su flexibilización.
Grado de inversión
El informe también cuestiona el impacto de las medidas del Ejecutivo y Legislativo en la sostenibilidad fiscal del país. Justamente, el 91% de los expertos considera que, si la actual dinámica fiscal entre el Congreso y el Ejecutivo se mantiene hasta julio del 2026, crecerá el riesgo de perder el grado de inversión.
Un 38% estima que esto podría ocurrir en un plazo de un año, especialmente, si el próximo Gobierno no prioriza la sostenibilidad fiscal.
La mayoría de los expertos advierte que las medidas del Congreso están erosionando sostenidamente la credibilidad del país ante las calificadoras. Muchas de estas iniciativas son estructurales y difíciles de revertir, lo que complicará futuros esfuerzos de ajuste, especialmente, en un escenario fragmentado.
Aunque algunos analistas no ven un riesgo inminente, la mayoría advierte que el margen de espera se agota y que las agencias evaluarán al próximo Gobierno antes de decidir.
“No obstante, la pérdida del grado de inversión podría adelantarse si se aprueban más medidas que afecten ingresos o aumenten el gasto sin financiamiento”, apunta el CPC en su Monitor Fiscal.
En ese sentido, los encuestados advierten que la percepción de un debilitamiento del compromiso histórico del MEF con la disciplina fiscal está elevando el riesgo de una revisión negativa de la calificación soberana.
También se consultó a los expertos sobre la evolución de la deuda pública bruta hacia el 2028. En un contexto de déficits persistentes y bajo crecimiento, proyectan una trayectoria ascendente, superando las estimaciones oficiales en los dos primeros años.
Poderes del Estado
El rol que está desempeñando el Congreso y el Ejecutivo están adoptando medidas que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Las respuestas fueron claras: el 91% considera que el Congreso promueve acciones contrarias a la responsabilidad fiscal y el 74% opina lo mismo sobre el Ejecutivo.
En el caso del Legislativo, la mayoría de expertos identifica múltiples medidas que comprometen la sostenibilidad fiscal. Destaca, entre ellas, la ley que incrementa el Foncomun –mediante el aumento gradual del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a 4%–, promulgada por la Presidencia el 16 de junio último.
También se mencionan el aumento de beneficios tributarios, como la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas y la Ley de Promoción Agraria, así como el alza del gasto corriente, como la propuesta del alza de pensiones para los docentes jubilados.
En cuanto al Ejecutivo, los expertos expresan preocupación por su actitud pasiva frente a las iniciativas legislativas, al no observar ni impugnar normas ante el Tribunal Constitucional, y mostrar conformidad con medidas que afectan la sostenibilidad fiscal. También se cuestiona el anuncio de aumentar el límite del déficit fiscal y el impulso de proyectos G2G sin respaldo financiero.
Hundimiento fiscal alineado con un deterioro político
Por David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC)
El hundimiento en el panorama económico fiscal viene de la mano del deterioro político. Al final, las leyes antitécnicas y populistas son empujados por las personas que elegimos para que vengan al Congreso, por la manera como al final quedan compuestos los partidos políticos y esta fragmentación también generó un debilitamiento en el extremo a este Gobierno.
El Ejecutivo tiene espacio, pero no quiere utilizarlo para negociar en defensa de la credibilidad fiscal. Incluso, si esto significara eventualmente una vacancia. Hace tiempo se debió haber hecho eso. La responsabilidad de la persona que está en el cargo no puede ser gobernar si no va a tener los apoyos para hacer un programa y, en este caso, mínimamente, para respetar el pilar de la estabilidad fiscal.
Un aspecto que quedó en evidencia en la propia encuesta es que el Gobierno cede prácticamente a cualquier iniciativa de este Congreso. No es capaz de imponerse y decir que esta norma no sale porque sabe que automáticamente se juega o pone sobre la mesa el tema de la vacancia.
BCRP ajusta estimado de déficit fiscal y se alinearía con “flexibilización” del MEF
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
