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La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa de la ley que permite a los gobiernos regionales, locales y universidades nacionales, crear Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos.
La iniciativa legislativa, que modifica algunos artículos del Decreto Legislativo 1229 sobre los CITE, fue aprobada por mayoría durante el pleno del 9 de diciembre del 2021, exonerada de segunda votación, y observada por el Ejecutivo el 12 de enero.
Las ocho observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo giran en torno a la supuesta violación de los principios de competencia y de separación de poderes; el hecho de que la iniciativa originaría un conflicto competencial; y la también supuesta violación de la autonomía universitaria; así como de las disposiciones constitucionales presupuestales.
El titular del grupo de trabajo, congresista Bernardo Quito Sarmiento, indicó que la autógrafa no genera el posible conflicto competencial en el Ejecutivo, pues la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), no tiene injerencia en el nivel de inversiones o reinversiones que decida la autoridad, salvo en lo que señala el numeral 15.7 del artículo 15 de la referida Ley Universitaria.
Subrayó de inmediato que incluir a un representante en el comité directivo de la universidad pública que crea un CITE, “no conlleva afectación a la autonomía universitaria, pues dicho centro de innovación productiva, en caso de crearse, va a formar parte de la red Cite, y estará adscrita al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)”.
En torno a la probable generación de conflictos en la separación de poderes, sostuvo que la autógrafa no resta competencias al Ministerio de la Producción ni al ITP en sus funciones de ser la autoridad rectora de la política y de los lineamientos en innovación productiva para los CITE.
La comisión, dijo, considera y se reafirma en que la autógrafa de ley es una norma de carácter facultativo para implementarse de acuerdo con cada caso particular.
Esto es, “en el que cada gobierno regional, local o universidad pública decida presentar una iniciativa para la creación de un CITE o formar parte de uno ya creado, los presupuestos destinados para tales fines serán cuantificados y sustentados en el correspondiente expediente técnico que presenten ante el ITP”.
Mientras que la legisladora Lady Camones Soriano, autora del proyecto de ley 035/2021, sobre el cual se basa la autógrafa, recordó que la iniciativa obtuvo la opinión aprobatoria del ente rector, que es el Ministerio de la Producción.
En el informe recibido, argumentó, se sostuvo que la propuesta era viable, porque “contiene disposiciones que resultan favorables a los CITE, mejora la productividad y competitividad de dichas unidades, e hizo una serie de recomendaciones que fueron satisfechas”, en un trabajo conjunto entre sus asesores y los técnicos del ITP.
Participaron en el debate los parlamentarios Pasión Dávila Atanacio (PL), Víctor Flores Ruíz (FP) y Hernando Guerra-García (FP).
