Gobierno y clínicas privadas acordaron tarifas para atención de pacientes con COVID-19

El Gobierno y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo para fijar una tarifa respecto al monto que se cobrará por la atención a los pacientes con coronavirus (COVID-19), siendo un valor S/ 55,000 más IGV por el tiempo que se necesite la atención.

Max Hernández, mediador en la reunión entre ambas partes confirmó el acuerdo. También participó en la cita el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, y representas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este miércoles, en conferencia de prensa, presidente Martín Vizcarra había anunciado que aplicaría lo que establece el artículo 70 de la Constitución en caso no se llegue a un acuerdo, en un plazo de 48 horas, con la red de clínicas privadas respecto a la tarifa que se cobraría por la atención a los pacientes con COVID-19.

El mandatario indicó que el Gobierno tiene los “argumentos legales” para intervenir las clínicas privadas en el contexto de la pandemia del coronavirus.

“El diálogo se inició con referencias muy claras y precisas al bien común, a la necesidad de unir esfuerzos, a la importancia de articular un servicio de salud que englobe a todos los sectores posibles y se consiguió, luego de un intercambio amable y en todo momento con varios puntos fundamentales, y se plantearon montos planos”, expresó Hernández en diálogo con América Noticias.

“Se planteó un monto plano de S/ 55,000, sea por el periodo que sea, que puede ser desde un día o dos días o hasta más de 30 días. Se planteó también continua revisión para poder ver cómo estratificar más eficientemente según la estancia, se ha buscado un contrato estándar que permita que todas las clínicas puedan estar articuladas en ese sentido”, agregó.

Discusión previa

Temprano en la mañana el presidente Martín Vizcarra lanzó un “ultimátum” a las clínicas privadas para que lleguen a un acuerdo con el Seguro Integral de Salud (SIS) sobre el costo de la atención de los pacientes contagiados con COVID-19.

En el marco del Decreto Legislativo N° 1466, que busca fortalecer y facilitar la implementación del intercambio prestacional, el Gobierno publicó a inicios de este mes unas tarifas de atención de los asegurados al SIS con coronavirus cuando estos sean atendidos en Ipress privadas y mixtas. Es decir, en las clínicas privadas.

El SIS estableció, por ejemplo, que se pagaría por la atención de un paciente con COVID-19 en la Unidad de Cuidados Incentivos (UCI) de una clínica (Nivel III) S/ 34,960.28 por 21 días; mientras que la Asociación de Clínicas Privadas del Perú aseguró que antes del cambio de la jefa del SIS el 1 de junio, se había casi llegado a un acuerdo en el que se establecía un precio paquete de S/ 97,000.

En medio de este desacuerdo, Vizcarra puso un plazo de dos días para tener una respuesta. Pero no solo eso, sino que de no lograrse ningún consenso, recurriría a la Constitución, en particular al artículo 70 (Inviolabilidad del derecho de propiedad).

Dicho artículo señala que: “A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

“Si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? Esperamos que se llegue a un acuerdo conveniente, racional, en ese aspecto”, anotó Vizcarra.

Carlos Joo, miembro de la Asociación de Clínicas Privadas, respondió que “si va a haber imposición, no tiene sentido ninguna negociación”. Recordó que el costo promedio por atender a un paciente contagiado en la UCI de una clínica es en promedio S/ 8,000. Aún así, la propuesta de S/ 97,000 por 21 días habría reducido el monto diario casi a la mitad (S/ 4,620 por día).

¿Y el plan piloto?

El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que la población espera más solidaridad de las clínicas y que “dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia”. Sin embargo, en horas previas a esta declaración, él mismo mencionó que durante la reunión del día 23 de junio, se había acordado con las clínicas un plan piloto.

¿En qué consistía? Joo explicó, antes de conocerse la decisión de Vizcarra, que básicamente el SIS continuaría con sus precios establecidos y las clínicas que quisieran trabajar con esos montos, lo podrían hacer; pero se continuaría negociando.

“Si ese es el precio que al Seguro Integral de Salud (SIS) le parece razonable, que lo publique, saque los términos de referencia y a las clínicas que les parezca que pueden trabajar con estos costos, la asociación las apoya totalmente”, refirió Joo.

Las contradicciones

Además del artículo 70 de la Constitución, el presidente señaló que también podría recurrir a otros artículos como el 59 y el 72.

El primero refiere al rol económico del Estado: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas”.

Además, el artículo 72 está vinculado a las restricciones por seguridad nacional: “La ley puede, solo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes”.

“Tenemos argumentos legales. No solo es la Constitución con el artículo 72 o 59, sino la propia ley sectorial de Salud. Estas normas ponen salidas legales a casos extraordinarios. Entonces, si esto no es un caso extraordinario, ¿cuál sería?”, mencionó.

Esto es una contradicción a lo que aparentemente hace solo unos días se consideraba en el Gobierno. El Ejecutivo observó un proyecto de ley del Congreso que declaraba en emergencia el sector Salud (el cual alcanzaba a las clínicas privadas para brindar su infraestructura), alegando “el derecho de libertad”.

“Cuando hacen esas observaciones, argumentan que atentaría contra el libre mercado, que sería una medida innecesaria y que desincentivaría la oferta de servicios de salud”, indicó Carmen Omonte, vocera de Alianza para el Progreso, bancada que presentó el proyecto.

La congresista agregó que si ahora ha cambiado la postura del presidente Vizcarra, hoy el pleno del Congreso podría evaluar aprobar por insistencia la mencionada iniciativa legislativa.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien recordó que si el Gobierno no retrocede, requiere de una ley para hacer efectivo el artículo 70. “Habría la posibilidad de que el Congreso, a través de la Comisión de Salud, pueda pedir que se convoque a una junta de portavoces para poder ir por la insistencia de esta iniciativa que fue archivada por el Gobierno. Eso ayudaría a sobrellevar la situación si en 48 horas no se llega a un acuerdo o si el Gobierno no envía un proyecto de ley”, anotó.