La presidenta Dina Boluarte anunció, en el marco de las acciones de respuesta frente a la tragedia ocurrida en Pataz (La Libertad) por la minería ilegal, que solicitarán facultades legislativas para accionar sobre el “terrorismo urbano” y, en general, legislar contra la criminalidad.
“Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de ‘terrorismo urbano’ porque es ahora cuando debemos actuar”, expresó en conferencia de prensa este lunes 5 de mayo.
En esta línea, la mandataria exhortó a instituciones como al Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público a actuar de manera conjunta ante esta grave problemática. “Tenemos la llave para erradicarlos”, enfatizó.
Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, saludó el anuncio y focalización al señalar que la criminalidad contra los pequeños negocios se incrementó significativamente en su región.
“No solo con leyes o penas se va a eliminar la criminalidad. Tienen que brindarse recursos y elemento para hacerlos cumplir”, mencionó.
También alcance a la Ley MAPE
Los expertos consultados por Gestión coincidieron en que, de aprobarse esta solicitud, debe aprovecharse la oportunidad para también legislar sobre la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, ante sus evidentes lentos avances.
Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, precisó que el Gobierno podría retomar la propuesta de Ley MAPE presentada a fines del año pasado, optimizarla y socializarla, a fin de presentarla ante el Congreso para su aprobación.
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Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), consideró que el espacio resulta ideal para poder concretar avances en la formalización de la artesanal y pequeña minería.
“Un primer paso es el cierre definitivo del Reinfo. Pero también se debe apuntar hacia las plantas procesadoras, que hoy pasan desapercibidas”, indicó.
Para Incháustegui, la nueva Ley MAPE debe contemplar un trabajo sumamente articulado de diferentes entidades que permitan ejecutar una eficiente fiscalización. Recordó que el Gobierno anunció ante gremios empresariales que tenía un plan para combatir la minería ilegal, pero no se tuvo mayores novedades hasta la fecha.
¿Responsabilidad del Congreso?
Durante la conferencia, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, deslizó que parte de la responsabilidad por lo ocurrido en Pataz recae sobre el Congreso.
“Se habla del Reinfo, pero quiero recordar que desde el Gobierno se propuso en diciembre del 2023 el Decreo Legislativo (DL) 1607 para hacer cambios sobre la Ley de Crimen Organizado, donde se dispuso acciones respecto al Reinfo y, en particular, de esos mineros ilegales que usaban explosivos para extracción minera”, reclamó.
Arana recordó que esta norma, considerada por él de “vital importancia para controlar la minería ilegal”, fue derogada por el Congreso en marzo del 2024 con la Ley 31989. En una de sus disposiciones, el DL establecía que la Policía podía realizar interdicciones en áreas donde hubieran mineros inscritos en el Reinfo, pero suspendidos, que usarán explosivos sin contar con la autorización respectiva.
La razón por la que el Congreso retrocedió con lo anterior, vale precisar, fue que el DL también establecía como “fecha tope” el 20 de marzo del 2024 para que todos los Reinfos suspendidos regularizaran su situación.
Gobierno solicitará facultades al Congreso tras asesinatos en Pataz. | Foto: Congreso.
¿Puede el Ejecutivo atribuir a este hecho la tragedia en Pataz? Carlos Caro, socio fundador de Caro & Asociados, cree que no.
“La derogación de esa norma es criticable, pero tampoco era una ley aislada. El marco general está en el Código Penal, que ya sanciona la tenencia ilegal de explosivos. No es necesario su uso para que sea considerado así. La Policía debe intervenir en flagrancia. Ese DL era una norma más”, comentó a Gestión.
Por la existencia de un marco normativo que ya contemplaba esa figura, lo señalado por Arana es un “pretexto”, señaló Caro. Agregó que insistir con tipificar figuras, como el “terrorismo urbano”, también es un sinsentido, ya que los mineros ilegales no buscan “cambiar el orden constitucional”, solo un “corredor libre” para hacer sus actividades.
En ese sentido, el abogado recalcó que si la minería ilegal ha avanzado de esta forma en Pataz –al igual que otras zonas del Perú– se debe a carencias operativas, mas no normativas.
“El marco legal y procesal existe: a los que cometieron estos actos les corresponde cadena perpetua, porque aquí no hay pena de muerte. El problema es operativo: quién sube hasta Pataz y hace las labores de interdicción. Ese es el plan que le hace falta al Estado para limpiar la zona de la minería ilegal”, remarcó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
