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El 10 de enero de este año, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 009-2020, con el cual le quita a la municipalidades del país el control que tenían sobre las Sociedades de Beneficencia Pública.
Hasta antes de esta norma, los directorios de las 102 sociedades de beneficencia que funcionan en el país estaban conformadas por 5 miembros, de los cuales 3 eran designados por las municipalidades donde se ubican estas instituciones, uno por el gobierno regional respectivo y uno por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Ahora, si bien los directorios siguen conformados por cinco miembros, las municipalidades tendrán solo dos representantes y es el MIMP, en representación del Poder Ejecutivo, el que subirá su representación de uno a dos representantes. Mientras el gobierno regional mantiene un solo asiento.
Razones del Gobierno
El Gobierno sustenta esta decisión en que con la conformación anterior de los directorios los representantes de los municipios, al tener mayoría con tres de los cinco votos, sin un mínimo de debate o deliberación toman decisiones, las cuales en su mayoría van en contra de la gestión de las sociedades de beneficencia.
Entre las decisiones contrarias a los intereses de las beneficencias se encuentran la aprobación de actos de administración (cesión en uso, gratuito) sobre sus bienes inmuebles, que no le generan ingresos para la prestación de los servicios de protección social.
Asimismo, el Gobierno afirma que se aprobaban donaciones que no se enmarcan en el nuevo modelo de enfoque de derechos que tiene el Decreto Legislativo Nº 1411, así como la “aceptación de injerencia política por parte del gobierno local en la toma de decisiones que afecta directamente la gestión de las sociedades de beneficencia. También se aprobaba la contratación de nuevo personal sin existir la necesidad de hacerlo.
“La injerencia política antes señalada, conlleva a que las tomas de decisiones de parte de los miembros de directorio de las sociedades de beneficencia no sean libres y de conciencia yendo en contra de la autonomía e independencia que el decreto legislativo les otorga, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios que se brindan a sus usuarios”, señala la exposición de motivos.
Norma inconstitucional
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que analizó el decreto de urgencia en cuestión y recomendó su derogatoria por considerarlo inconstitucional, pues excede los límites establecidos por el Tribunal Constitucional para este tipo de normas.
En este caso, señalaron, se estaría modificando la estructura del Estado, hecho que no podría hacer un DU.
MIMP sancionará sorteos y loterías
El Decreto de Urgencia N° 009-2020 también establece que la entidad responsable de la fiscalización y sanción de los sorteos y juegos de loterías será el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Se precisa que, de acuerdo a la gravedad de las faltas, las sanciones irán desde una multa que irá de las 10 UIT hasta las 100 UIT, pasando por la suspensión de hasta 180 días de la autorización para operar, hasta la cancelación de los permisos para operar.