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La Ley de Contrataciones del Estado será modificada una vez más. Esta norma clave para la ejecución de proyectos de inversión pública y adquisiciones en el Estado está en un proceso de modificación por parte del Poder Ejecutivo.
La intención del Gobierno es presentar un proyecto de ley al Congreso para que pueda ser debatido. Para ello, un conjunto de ministerios vienen analizado los cambios que se deben realizar a la nueva normativa.
Ya el 20 de enero pasado se publicó el anteproyecto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado para que los interesados puedan opinar durante 30 días.
En estos momentos está en proceso de revisión. La intención que en la norma se le dé un mayor peso a los temas técnicos en los procesos de licitación, pues en la actualidad es el factor económico, es decir el menor costo, el que decide qué empresa es la que gana la buena pro de un proyecto.
“Todos sabemos que esta ley ha sufrido varios cambios, pero creemos que uno muy importante es el darle el peso técnico a la ley, que actualmente, de alguna manera, favorece a las propuestas más baratas o más económicas. Lo que hemos constatado es que muchas veces estas obras que son más baratas, muchas veces terminan siendo mucho más caras”, afirmó la ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento, Hannia Pérez de Cuellar.
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Según la ministra, esta nueva propuesta se viene trabajando junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros ministerios que también ejecutan proyectos de inversión pública.
Pérez de Cuéllar anunció también que se está trabajando un procedimiento acelerado de contratación pública con varios ministerios. Una vez terminado se elevará al Consejo de Ministros y luego ser presentado al Congreso.
Nuevo enfoque
La especialista en contrataciones públicas de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Angelita Ruiz, afirmó que la apuesta por darle mayor peso al tema técnico en el ley es un tema nuevo y no estaba considerado en el anteproyecto publicado en enero.
“Es probable que se esté pensando dar menos puntaje al precio y mayor puntaje si es que se presentan mejoras técnicas a lo que está en los términos de referencia del expediente técnico”, afirmó.
La especialista explicó que uno de los cambios importantes que se plantean en el anteproyecto de la nueva ley de contrataciones es que si la entidad niega incremento de presupuesto en obras por parte de la entidad pública correspondiente, la decisión podría llevarse a arbitraje, lo que agilizaría estas controversias.
Actualmente esto no es posible, pues ante la negativa, las empresas contratistas solo podrían revertir la decisión de la entidad estatal recurriendo al Poder Judicial.
Flexibilidad
Para Adolfo Pinillos, especialista en Contrataciones del Estado del Estudio Rodríguez Angobaldo, la norma en cuestión debe eliminar la rigidez que existe actualmente para los procesos de licitación.
“La ley se ha vuelto muy formalista por la responsabilidad que tienen los funcionarios frente a la Contraloría, lo que obliga a cumplir la norma a un nivel mucho más estricto de lo que debería ser”, dijo.
Se debe buscar ampliar la competencia en procesos
Según Adolfo Pinillos, uno de los objetivos que deben tener los cambios a la ley de contrataciones es que se amplíe la competencia en los procesos que se realizan.
De acuerdo con los datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el número promedio de postores por procedimiento de selección es muy bajo. Por ejemplo, en la adjudicación simplificada hay menos de dos postores que se presentan por procedimiento, mientras que en la subasta inversa electrónica y licitación pública no se alcanza ni siquiera tres postores que presenten ofertas por procedimiento.
En el caso de subasta inversa electrónica, el número mínimo de postores exigido para su validez es de dos. El 2020, apenas se superó el número mínimo de postores para este proceso.
Otrosí digo
Lentitud. Datos del OSCE muestran que en la actualidad, la fase del proceso de contratación que mayor tiempo toma a las Entidades es la referida a las actuaciones preparatorias, que toman hasta 68 días en el caso de contratación de servicios y 67 días en la compra de bienes lo que evidencia dificultad para definir los requerimientos.