El Gobierno oficializó este viernes 4 de julio el incremento de la remuneración mensual de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, quien pasará a recibir una compensación económica de S/ 35,568 mensuales, según lo dispone el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.
La publicación lleva la firma de la mandataria y del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
La norma fue emitida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes Espejo, “en cumplimiento del marco legal establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil". Esta ley determina las condiciones del régimen de compensaciones para los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular, como es el caso de la Presidencia de la República.
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¿Qué sustenta el aumento?
El incremento se justifica, según el decreto, en base a la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del Despacho Presidencial, validado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), a través de las resoluciones de presidencia ejecutiva Nº 000114-2024-SERVIR-PE y Nº 000045-2025-SERVIR-PE.
Además, el decreto argumenta que el ajuste salarial forma parte de la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil, y que se ejecuta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (Ley Nº 32185).
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El artículo 3 establece que el aumento no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público, ya que se financiará con cargo al presupuesto institucional vigente del Despacho Presidencial.
Asimismo, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF será la encargada de registrar el nuevo monto en el sistema informático AIRHSP (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas del Estado).
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Este aumento salarial se da en medio de un contexto político complejo para el gobierno de Dina Boluarte, cuya popularidad ha sido duramente cuestionada por diversos sectores.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se resalta que la actualización responde a un proceso técnico, normado y aplicado en distintas entidades públicas bajo el régimen del Servicio Civil.
