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El Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1562, el cual establece un financiamiento de S/2,500,000 para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, sus emprendimientos y para las asociaciones que resguardan sus derechos.
De acuerdo con la norma, solo recibirán este financiamiento las personas que estén inscritas en el CONADIS, con base en un análisis realizado por el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES).
Esta norma forma parte de los objetivos del Perú al 2030, los que, para dicho año, buscan incrementar el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas de 43.1% a 47.2% y que el porcentaje de personas con discapacidad que se encuentren en pobreza monetaria se reduzca de 21.6% a 19.7%.
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Crítica
El proyecto, además, le da la capacidad a CONADIS de comprar los bienes para el emprendedor, en lugar de darle un financiamiento, lo que Renato Velásquez, socio de GVO Abogados, considera un error.
“El CONADIS no necesariamente conoce el rubro en el que opera el emprendimiento de la persona, ni tiene los conocimientos específicos del negocio que sí tiene la persona a la cual se busca beneficiar”, explica.
Velásquez sostiene que el monto quedará corto pues “los problemas de las personas con discapacidad exceden los S/2,500,000″.
Además, a diferencia de otros programas de financiamiento, como Reactiva, quien administra el dinero al 100% es el Estado.
“Aquí aparece la desconfianza en la administración pública (al asignarle los fondos a CONADIS) que siempre nos rodea, y lleva a que haya una real preocupación por la gestión del dinero (administrado por el Estado)”, indica Velásquez al respecto.
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Problema de raíz
Según Velásquez, la iniciativa del Ejecutivo es un buen inicio, pero no es suficiente.
“La dificultad económica es uno de los grandes problemas de las personas con discapacidad, ya que no llegan a ser autosuficientes, pero mientras no se vea un trabajo intersectorial que ataque la vulnerabilidad social de este sector de la población, lo cual tiene que ver mucho con la educación, no se va a hacer mucho”, recalca Velásquez.
Al respecto, la Ley general de Personas con Discapacidad, la cual establece la obligación de las empresas a cumplir con un porcentaje de contratación de personas con discapacidad en su planilla está en vigencia desde el 2012 y, de acuerdo con data de Sunafil, solo 81 empresas la cumplen.
“Existe una barrera que hay que superar antes para poder llevar a una real solución”, indica Velásquez.
