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El Análisis del Impacto Regulatorio (AIR) es una herramienta que busca asegurar que las decisiones de la política pública y regulaciones de las autoridades estén basadas en un análisis de costo-beneficio. Esta debe ser empleada por la administración pública que ejerce el rol normativo o regulatorio en el país, como el Congreso de la República, Gabinete Ministerial y gobiernos regionales, locales.
El 3 de abril del 2021, el Gobierno aprobó mediante el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, el Reglamento de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que permitirá medir y evaluar sistemáticamente los impactos, costos y beneficios de los proyectos normativos de alcance nacional propuestos desde el Poder Ejecutivo.
Esta norma precisa que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprueba el Plan de Implementación Progresiva de dicho reglamento, el cual será aplicado en las entidades del Poder Ejecutivo, en una fase piloto, y a partir del segundo semestre del año 2022 de manera obligatoria.
“Este reglamento implica cambiar una cultura que tiene décadas, de cómo se elaboran las normas. Además, busca mover la transparencia en procesos para normar, es decir, establecer mecanismos como la Agenda Temprana, en la cual se publicita tener una decisión para mermar y regular un determinado problema”, indicó Sara Arobes, Secretaria de Gestión Pública de la PCM a Gestión.pe.
La agenda temprana permite tener predictibilidad respecto a los posibles fallos en las regulaciones. Este reglamento también se enmarca en la política de competitividad porque busca eliminar sobrecostos o carga a las empresas y ciudadanos.
“Si miramos el ranking de competitividad global en el pilar de instituciones, en el indicador de carga regulatoria nos encontramos en la posición 128 de 141. Entonces, tenemos que implementar esta reforma que es progresiva y de largo plazo, porque no es fácil cambiar la cultura de cómo hacemos las normas”, sostuvo la funcionaria.
Agregó que este reglamento permite tener una gestión regulatoria de calidad. Para ello, se orienta en incrementar la competitividad y oportunidades económicas del Perú, reduciendo cargas administrativas y burocráticas a las empresas, promoviendo una cultura regulatoria anticipativa.
El proceso regulatorio en el Perú inició el año 2017 con el Análisis de Calidad Regulatoria. Ello permitió eliminar en el 2019, más del 30% de procedimientos administrativos en el Poder Ejecutivo, lo cual se traduce en un ahorro de S/ 286 millones, de acuerdo con Arobes.
Este año, con el AIR, se espera la modernización del Estado y agilización del sistema administrativo para apoyar al sector empresarial y a los ciudadanos.
“Queremos cambiar la manera de cómo se hace regulación en el país, porque puedes tener varias alternativas. Pero, en vez cambiar una norma, se puede hacer una campaña de sensibilización, difusión, información a los consumidores, empresarios. Todo eso va acompañado de un proceso de capacitación en el sector público que requiere participación del sector privado”, explicó.
Resultados en otros países
En el plano internacional, los primeros esfuerzos por implementar el AIR se llevaron a cabo en la década de los setenta en Estados Unidos y Dinamarca. Pero, no fue hasta fines de los noventa, luego de la recomendación del Consejo para la Mejorar la Calidad de la Regulación, que esta herramienta se convirtió en un instrumento de uso generalizado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En México, la implementación de esta herramienta comenzó en los años noventa con las reformas hechas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1997. Tres años más tarde, se estableció la obligatoriedad de presentar el AIR en todas las dependencias que elaboren proyectos de ley y decretos legislativos. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) es la encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en este país.
Se estima que en, en los últimos seis años, la carga regulatoria será menor en más de US$ 10,000 millones, lo que implica un ahorro de US$ 8 mil millones.
En Europa, según detalla la funcionaria, la situación ha sido favorable. En Alemania, al simplificar la factura electrónica por el AIR, la carga administrativa anual de las empresas se redujo en 3.3 millones de euros entre el 2006 y 2011. En Reino Unido, la reducción de trámites innecesarios ha generado ahorros de 10,000 millones de libras para las empresas en los últimos cuatro años.