A los conflictos sociales y la tramitología que suelen afectar a la minería, se suma una lenta pero constante tendencia del Estado a reducir el territorio nacional donde está permitido desarrollar legalmente esa actividad.
Así se puede colegir al analizar cifras del último reporte de minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de febrero del 2023, en el cual se consigna que, oficialmente, se han declarado 11,320 zonas restringidas a la minería, que abarcan 52,302,972 hectáreas, lo que representa el 40.70% de todo el territorio nacional.
Hace un año, las zonas restringidas a dicho sector comprendían un área total de 44.9 millones de has., o el 35% de la superficie total del país, es decir, que en un año el área prohibida a las mineras creció en 7.3 millones de has.
Sin embargo, antes de la pandemia, en el 2019, eran 38.5 millones de has., o el 30.01% del territorio, donde no se permitía desarrollar exploración o explotación de minerales. Ello significa que, en cuatro años, se incrementaron en 14 millones las has. no permitidas a dicha actividad.
¿Qué explica el incremento en estas restricciones?
Ello está asociado a decisiones de los últimos gobiernos, de crear nuevas categorías de zonas intangibles, siendo una de ellas la declaración de determinadas zonas como ecosistemas frágiles.
Así, en tres años se han declarado 188 zonas como ecosistemas frágiles, las que ocupan 5.10 millones de hectáreas, o 3.9% del territorio peruano. Además, se han reconocido cinco reservas indígenas que abarcan 2.8 millones de hectáreas, o el 2.2 del área total.
A eso se añade la creación de dos reservas territoriales, que comprenden 1.3 millones hectáreas o el 1.0% del área total del país. Las reservas territoriales y reservas indígenas en el Perú son superficies intangibles delimitadas por el Estado a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.
Además, se han añadido 146 zonas arqueológicas nuevas, con lo cual ahora estas comprenden 9,879 sitios intangibles, e incrementando el espacio protegido en 17,456 hectáreas adicionales, las cuales ahora en conjunto llegan a las 1,703,181 has., que abarcan el 1.32% del territorio.
Igualmente, en el último año se han incorporado 582 concesiones forestales, que ocupan 7,307,534 has, o el 5.68% del suelo nacional.
Contradicciones
Sin embargo, según el reporte del Minem, la declaración por el Ejecutivo de las zonas de riesgo no mitigable, es decir, de alto riesgo de habitabilidad, se han mantenido constante desde el 2019 a febrero de 2023, con 40 zonas que comprenden solo 1,912 has., o el 0.001% del suelo del país. Lo contradictorio es que hoy gran parte del país se muestra vulnerable ante huaicos e inundaciones.
La contracción de zonas permitidas a la minería se produce a pesar de que, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) las empresas mineras hoy solo ocupan el 1.4% del territorio, pero en explotación se encuentra apenas el 0.5%, es decir que su impacto ambiental es mínimo.
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Miguel Cardozo, director del IIMP, advierte que hoy la minería informal e ilegal sigue operando en forma constante en zonas como Madre de Dios (con el impacto ambiental que ello genera), pero de esa situación hoy nadie se ocupa.
Restricciones pueden afectar el potencial minero del Perú
Para el especialista, el hecho de que ya el 40% de la superficie nacional esté vedada a la minería constituye una tendencia que apuntaría a llegar a un 50% del país con ese tipo de restricción a dicha actividad.
Sostuvo que esa tendencia surge por un trabajo silencioso que realiza el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp, adscrito a ese sector), y frente a una falta de reacción por parte del Minem.
El director del IIMP afirmó que el declarar zonas restringidas en algunos casos se puede justificar, cuando se trata de zonas ambientalmente muy sensibles, pero en otros casos no tiene sustento, por lo que los calificó de excesos que pueden afectar el aprovechamiento del potencial minero del país.
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Cuestionó que hoy, solo para obtener una concesión minera, las empresas deben pasar por un proceso de revisión de diversas instituciones, como Sernap, cuando ese trámite ni siquiera permite obtener un permiso ambiental operativo.
Pero, además, si no se aprueba la solicitud de concesión sobre determinada área, la misma automáticamente se convierte en zona restringida, acotó.
Otra restricción es la creación de zonas de amortiguamiento (en torno a actividades mineras), lo que consideró una arbitrariedad pues muchas veces la declaración de ese tipo de áreas se da sin que se afecte una cuenca hidrográfica.