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El Gobierno aprobó este viernes la “Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 - 2025” (ENLTI), que estará a cargo de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI). Este grupo de trabajo supervisará la ejecución y cumplimiento de la misma.
Dicha estrategia tiene por objetivos combatir el comercio asociado al comercio ilegal de madera y proteger los derechos humanos de las personas involucradas en el aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los bosques, con especial énfasis en las comunidades nativas y otras localidades de pueblos indígenas u originarios.
La estrategia consta de dos fases: en la primera se definen los principios, variables estratégicas y objetivos estratégicos, en el marco de lo establecido en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021 y las Políticas Públicas que enmarcan esta estrategia. Se proponen también indicadores para hacer un monitoreo constante, que permita conseguir resultados bajo criterios de eficacia y eficiencia en las actividades que van a realizar en conjunto las entidades que forman parte de la CMLT.
Se señala como objetivos de la ENLTI que la lucha contra la tala ilegal, para ser efectiva, debe tener un enfoque amplio, que incluya lo que sucede en el bosque y también en toda la cadena de comercio, y contemplar la gobernanza forestal de manera transversal, sin descuidar la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en la extracción de madera.
La ENLTI abarca no solo a la tala ilegal propiamente dicha que ocurre en el bosque, sino también al comercio de productos de origen ilegal asociado a ella, y a la prevención de delitos tales como el trabajo forzoso o a situaciones de trabajo infantil, en las que pudieran estar involucrados los grupos humanos relacionados con esta actividad (con especial énfasis en las en la protección de los derechos).
Acciones de control
Las principales acciones estratégicas contempladas en la estrategia involucran la supervisión y fiscalización de planes de manejo, optimizadas; la instalación de un sistema de vigilancia forestal, con énfasis en bosques sin derechos asignados y no categorizados, implementados, así como la colocación de puestos de control estratégicos de carácter nacional implementados y operando.
También el funcionamiento de un laboratorio forense para la identificación de maderas, implementado y operativo, y la adopción de mecanismos de coordinación para realizar operativos de control del transporte fluvial y terrestre, y del comercio de productos maderables, tanto en el ámbito del comercio interno como externo.
Asimismo se incluye la implementación de un sistema de denuncias de tala ilegal en el bosque y comercio ilegal asociado e implementado, y la formulación de denuncias penales contra responsables por delito de tala ilegal o de tráfico ilegal ante las autoridades del Poder Judicial, entre otros.
De igual modo, se plantea la instalación de un sistema Integrado de Administración, Monitoreo y Control de Productos Forestales (SIAMCPF), implementado, así como un instrumento para compartir y gestionar información con el sector privado para lograr una lucha común contra el comercio ilegal de especies forestales.
Uno de los informes más importantes que presenta la norma es que la mayor pérdida de bosques se registra en aquellas áreas que no corresponden a ninguna categoría ni cuentan con ningún nivel de gestión (33.81%). En segundo lugar, en cuanto a pérdida de bosques, se ubican los territorios de las comunidades nativas tituladas (19.22%). Si en estos territorios la inicial pérdida del bosque se debe a la tala ilegal.
