La inversión pública creció 9.9% en términos reales en el primer semestre de 2025, la segunda mayor expansión semestral de los últimos siete años, sin contar el rebote de 2021.
Este resultado se dio en un contexto de fuerte aumento del gasto corriente, especialmente en remuneraciones. Asimismo, persisten barreras que limitan la capacidad de las autoridades subnacionales para ejecutar proyectos de mayor envergadura orientados a cerrar brechas.
Balance al primer semestre
Por niveles de gobierno, el alto dinamismo del primer semestre estuvo impulsado tanto por el gobierno nacional (+13.1%), como por los gobiernos regionales (+9.5%) y locales (5.9%).
La inversión total despegó con fuerza en enero, impulsada por los gobiernos locales (+112.8%), aunque se moderó en los meses siguientes y cerró el primer trimestre con un crecimiento de 15.3%. En el segundo trimestre, la desaceleración fue mayor y alcanzó una tasa de 5.7%.
A nivel regional, el mayor crecimiento durante el primer semestre se registró en Amazonas (+61.4%), La Libertad (+37.9%) y Lambayeque (+21.9%), mientras que Cusco (-28.0%), Ucayali (-26.5%) y Tumbes (-22.7%) mostraron los retrocesos más pronunciados.
El avance de la inversión pública responde también a una mejor programación presupuestal.
A diferencia de años anteriores, cuando la inversión dependía de transferencias posteriores, en 2024 el presupuesto modificado (PIM) de los gobiernos regionales fue solo 11% mayor al aprobado inicialmente (PIA), frente a diferencias de hace una década superiores a 60%.
A julio de 2025, el PIM se mantiene en torno al PIA que asciende a S/ 15.3 mil millones. De esta manera, las autoridades pueden implementar una programación y ejecución presupuestal más eficiente.
Inversión vs gasto corriente
Aunque la inversión pública ha cobrado dinamismo en los últimos dos años, el gasto en remuneraciones de los gobiernos subnacionales creció aún más. Respecto de 2016, este componente casi se duplicó al primer semestre de 2025, ajustando por inflación, mientras que la inversión pública aumentó 65%.
Solo en 2024, el gasto en remuneraciones creció 29.6% —el mayor incremento desde que se tiene registro— y en el primer semestre de 2025 aumentó 5.5% adicional.
Este contraste no debe interpretarse como una disyuntiva absoluta entre inversión y gasto en personal. Sin embargo, sí amerita identificar que los incrementos en remuneraciones se encuentren vinculados a la contratación de funcionarios capacitados y a la obtención de resultados.
Así, una gestión pública con mejores capacidades favorece la ejecución: según el Banco Mundial, las entidades públicas que incorporaron directivos del régimen Servir mejoraron la escala y eficiencia de la inversión.
Perspectivas y retos
En línea con el menor ritmo de los últimos meses, se espera que la inversión pública continúe moderándose. Así, el IPE estima un crecimiento de 4.1% al cierre del 2025 (+14.7% en 2024).
En 2026, la inversión repuntaría influenciada por la coyuntura electoral, como ha ocurrido en años previos, especialmente en gobiernos regionales y municipales.
Más allá del periodo electoral, las autoridades subnacionales aún requieren de un mayor fortalecimiento de sus capacidades de gasto orientado al cierre de brechas. Uno de los principales retos está asociado con la baja capacidad para formular proyectos de mayor envergadura.
Estas dificultades son mayores entre las municipalidades, las cuales ejecutan un mayor número de proyectos, pero de menor tamaño en promedio, frente a otros niveles de gobierno.
Según el INCORE 2025 del IPE, si bien el porcentaje de proyectos atomizados (con inversiones menores a S/500 mil) a cargo de gobiernos subnacionales fue en promedio de 15% en 2024, la cifra es de alrededor de 30% en regiones como Puno, Lima Provincias y Huancavelica.
Continuar mejorando la ejecución de la inversión pública requiere de un trabajo más articulado entre los gobiernos locales, por ejemplo, a través de las mancomunidades, de modo que se impulsen proyectos de mayor escala.
Asimismo, a fin de procurar los ingresos necesarios para financiar la inversión pública, se requieren medidas para fortalecer la capacidad de las municipalidades para recaudar ingresos y mecanismos para moderar la volatilidad del canon.
Finalmente, son necesarios programas de capacitación para asegurar el uso eficiente de estos recursos, así como expandir la incorporación de funcionarios bajo el régimen Servir dedicados a la inversión pública.
