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Hace más de un año, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley por el cual se busca agilizar la masificación del gas natural en el Perú.
La novedad de esta iniciativa es que se impulsa a que sean las empresas públicas de energía, como Petroperú y las eléctricas, las que lideren este proceso a través de encargos especiales. Sin embargo, el Congreso modificó la norma.
Y es que durante el debate de la iniciativa en la comisión de Energía y Minas y en el pleno del Congreso, se decidió dejar de lado esta propuesta dejando solo al sector privado para la ejecución de los proyectos de masificación, ya que para que participen las empresa públicas necesitarían leyes especiales.
Esta es una de las razones por la que el Gobierno, en agosto último, decidió observar la autógrafa aprobada por el Parlamento. Ahora nuevamente se debate el proyecto en la Comisión de Energía y Minas.
Para el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es clave que las empresas públicas participen en la masificación del gas natural.
El viceministro de electricidad, José Dávila, afirmó que la participación de Petroperú y las empresas eléctricas es importante porque luego de ocho años de que ProInversión intentó que el sector privado invierta, no se ha tenido respuesta porque la poca demanda no justifica la inversión que realizarán. A ello se suma la premura para la masificación del gas.
Sin embargo, según Dávila, si bien se busca que las empresas públicas sean las que impulsen la masificación, no se cierra la puerta al sector privado.
“El encargo especial es en tanto al privado no se resulte rentable la operación de este sistema. Si en algún momento un privado, a pesar del encargo especial, puede invertir y con los costos que establece el Osinergmin le resulta rentable, puede tomar ese encargo sin ningún problema. El tema es la premura para la masificación”, dijo ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
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Oposición a participar
Pese a la intención del Gobierno de que las empresas públicas sean las que lideren la masificación del gas natural, sobre todo en el sur del Perú, estas han manifestado su negativa para hacerlo.
“Cuando nosotros les hemos preguntado a las empresas eléctricas y a Petroperú si quieren recibir el encargo, en más de una oportunidad, en tres reuniones que hemos tenido, no han querido el encargo especial. No quieren porque, efectivamente, su core (especialidad) de negocio es otro”, afirmó Dávila.
En efecto, Gestión pudo conocer que, en el caso de Petroperú, actualmente la prioridad de la empresa está en fortalecer sus finanzas para evitar mayores problemas financieros, los cuales la han puesto al borde de la quiebra, situación que no se dio por el aporte de capital de S/ 4,000 millones aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
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Financiamiento público
Según el Minem, el Estado ya cuenta con los recursos para iniciar la masificación del gas natural en el sur peruano. El financiamiento se hará a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y se tienen previsto otorgar entre S/ 150 millones y S/ 200 millones para este objetivo.
“Va a depender de la recaudación que se tenga, porque van a ser recargos aparte del FISE y parte de la tarifa eléctrica”, refirió el viceministro Dávila.
Por ejemplo, para Arequipa el aporte del FISE es de S/ 37.6 millones para atender 9,500 conexiones con encargo a Petroperú. De la misma manera ya se tienen encargos previos a empresas eléctricas como Electro Ucayali para la región Ucayali y a Electrocentro, que se encargaría de la región Ayacucho.
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Distorsión de la norma
El exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Erick García, afirmó que el objetivo del proyecto de ley de masificación del gas natural era el “abrir la cancha” tanto a empresas privadas como a públicas para que, según las zonas, puedan hacerse cargo de este proceso.
García explicó que la intención era que la participación de las empresas públicas y privadas sea de manera abierta, durante todo el proceso de inversión. Por ejemplo, una empresa privada podría hacerse cargo de la construcción y una estatal, de la operación. La prioridad nunca fue que las empresas públicas, principalmente, sean las que lideren la masificación.
“A las empresas públicas hay que reforzarlas. Yo a las empresas eléctricas les daría el encargo de operación y no a todas sino a algunas, porque todas son diferentes. No vas a comparar Hidrandina con Electrosur Este, son gestiones y tamaños diferentes”, precisó.
Según el exfuncionario, quien fue uno de los autores del proyecto de ley, el foco principal de la iniciativa es el financiamiento público para avanzar con la masificación, porque lo más importante es el servicio, pues el Estado es el que debería “cerrar la ecuación”. La iniciativa prevé que sea el FISE el que financie las obras.
Contó que la institución que se opuso a la intervención del Estado en el financiamiento de la masificación de gas natural fue Osinergmin, entidad que apuesta por que se masifique el uso de cocinas eléctricas por inducción.
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Opinión
Es una pésima idea que empresas públicas masifiquen el gas natural
Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas
Las empresas públicas son del Estado y pueden darles mandatos y encargos a través de disposiciones legales para que puedan pasar a otorgar servicios en otro mercado distinto al que tienen actualmente. Sin embargo, hacer esto para masificar el gas natural es una pésima decisión.
En el caso de Petroperú, en este momento la prioridad es dejarlo solucionar sus graves problemas financieros antes de darle encargos adicionales. En el caso de las empresas de electricidad, algunas están en mejor estado que otras o son más eficientes que otras, pero todas ellas tienen incapacidades para financiar inversiones de largo plazo, porque tienen limitaciones de endeudamiento y además sus especialistas no saben de gas natural.
Lo que debe pasar es que el sector privado desarrolle este proceso, porque sino lo que va a pasar es que el servicio se puede poner en riesgo. Si uno ve los lugares donde el privado opera servicios como telecomunicaciones y luz eléctrica, casi el 100% de la población cuenta con ellos, cosa que no pasa en lugares donde el operador es la empresa pública. Y si vemos el agua potable, que tiene una lógica de un servicio 100% estatal, es el peor en el país.
¿Queremos que una empresa pública, que una empresa estatal que no está de acuerdo con expandir el giro de su negocio a otro lo haga; seguramente no va a tener los incentivos o no lo va a hacer bien y va a retrasar más la masificación.
Lo que sí debe pasar es que sea el Estado el que financie la masificación. Repetir lo que sucede en Lima, donde el FISE está ayudando al pago de las conexiones de las familias y Calidda se encarga de realizar las obras. No es barato conectarse a la red.
El problema de los procesos de concesión llevados a cabo por ProInversión, es que las empresas privadas le dijeron que los números del proyecto estaban equivocados. Estoy seguro que si se presentan número sensatos, interés para desarrollar estas redes va a haber.
Hay dos temas claves. Uno son los niveles de demanda porque fuera de Lima no hay mucha industria, las conexiones son básicamente de hogares. Si el Estado cree que el mercado es grande y el privado, que es chico, va a ser bien difícil que el privado intervenga.
Lo segundo es que si el Estado cree que los costos son menores que los que realmente tiene el privado, también complica el tema, porque habría más costos para el privado que se diluyen en menos consumidores y, por lo tanto, la tarifa es más alta, desincentivando las conexiones.
ProInversión, en su momento, tomó una decisión errada de no reconocer las limitaciones que existen en esos mercados. La solución es reconfigurar los concursos.
Situación del proyecto en el Congreso
Procedimiento. Luego que la autógrafa de la masificación del gas natural fuera observada por el Gobierno, la iniciativa retornó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso donde se encuentra actualmente. Aún deben decidir si insisten con las mismas medidas observadas o si toman en cuenta los pedidos del Poder Ejecutivo de incluir a las empresas públicas en el proceso. Luego de ello, la iniciativa debe ser debatida nuevamente en el pleno del Parlamento.