En una zona limítrofe hipotética se detecta que hay un desplazamiento irregular de transporte. Los dos policías a cargo desean llamar refuerzos o, por lo menos, notificar el ingreso; pero no pueden establecer el contacto: no hay un dispositivo para ejecutar la llamada. Este escenario es real en Perú, donde se dispone de un solo equipo de radio por cada 17 puestos de frontera y comisarías rurales.
Así lo recabó el Instituto de Criminología, en alianza con el Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado, en el informe “Capacidad y tiempo de respuesta de los servicios de seguridad ante emergencias”.
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Fractura en la comunicación fronteriza
Tras analizar la data gubernamental, el Instituto de Criminología determinó que nuestro país cuenta con 788 dependencias policiales para fronteras. El total se divide en 116 puestos fronterizos —puntos de control y trámite de entrada y salida de personas, mercancías y vehículos— y 672 comisarías rurales.
Para la cobertura de dichos establecimientos, sin embargo, solo hay 210 equipos de comunicación especializados; es decir, que funcionan incluso en lugares con baja o nula señal móvil. En detalle, 46 terminales de radio HF, 82 equipos terminales satelitales fijos y 82 VSAT (Very Small Aperture Terminal, en inglés).
Nicolas Zevallos, director de la entidad, advierte los riesgos: “Hay un desplazamiento con mercadería irregular y los efectivos no pueden intervenir, porque acá son 2 y los otros son 20, armados posiblemente; pero tampoco podrían llamar para que otros intervengan un poco más adelante. Entonces, hay un elemento de capacidad de contacto y comunicación que es indispensable, pero no tenemos instrumentos suficientes para procurarlo”.
Una vez que los productos de procedencia dudosa se incorporan a la economía peruana, comienza el circuito de la ilegalidad: “La mercadería de competencia leal tiene que pagar impuestos y varias cuestiones para que se pueda vender. Pero un paquete de cigarrillo que entra de contrabando no paga todo lo que paga una corporación, una bodega o un negocio formal”, agrega el especialista.
Ya la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha detectado que el contrabando movilizó, en la última década, más de US$ 5,000 millones.
“Y al ser productos tan cercanos al uso cotidiano, hay menos noción del daño que genera en la competitividad de los negocios. ¿Por qué? Porque es aceite, cigarro o jabón; no es cocaína, oro o madera. Parece que tenemos ciertos márgenes de flexibilidad con algo que realmente es peligroso".
Data recogida por el Instituto de Criminología y del CAEN.
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¿Contrabando o tráfico ilícito?
La peligrosidad que advierte Zevallos surge de la confusión conceptual entre contrabando y tráfico ilícito. El primero se enfoca en el quebrantamiento de los pagos de derecho de aduana que exige la legalidad; mientras que el segundo, en la alteración de la procedencia de un producto. Un cigarro, por ejemplo, podría entrar de manera irregular y a la vez ser de origen falso.
“Ese tabaco ya no es contrabando, ese tabaco es ilegal. No solo no paga impuestos, sino que está prohibida su comercialización. Lo que no hay que hacer es mirar las economías ilegales como compartimentos aislados. Son mercados particulares con negocios particulares y públicos particulares, pero no operan en el vacío. Más bien, dialogan entre sí”, resume el experto.
“El mismo camioncito que entra con el tabaco sale con la droga. El mismo camioncito que entra con el mercurio sale con el oro. Entonces, son flujos que acumulan varios productos en simultáneo y generan una economía ilegal. Esa economía ilegal está alimentada por muchos mercados ilegales, no solamente por uno”, enfatiza.
La inspección limítrofe ya es, de por sí, bastante reducida: Perú registra 7,073 kilómetros de frontera terrestre, pero solo alrededor de 300 kilómetros están bajo custodia de la PNP, recuerda el Instituto de Criminología. En esa línea, la alarma que se enciende en uno de los primeros filtros, el policial, se apaga cuando una llamada no llega ni siquiera a un siguiente paso, a una acción de emergencia.
El descuido de las fronteras se posiciona a la cabeza de los factores que dan paso al tráfico ilícito. (Foto: Andina)
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Elementos de control en frontera
El Instituto de Criminología identifica dos vertientes en el sistema de seguridad de fronteras: el control físico, que implica muros y límites objetivos capaces de dificultar la unión o el cruce de personas o productos; y un cuerpo de seguridad con protagonismo en la inspección.
Perú parece actuar en este último terreno, pero su esfuerzo resulta escaso porque no hay armonía entre la cantidad de líneas fronterizas y la cantidad de policías con adecuados sistemas de comunicación para cubrir los puntos focales. “Los equipos de comunicación son determinantes”, insisten desde la organización.
Al respecto, Gustavo Ruiz, especialista en gestión social para el diálogo, coloca un ejemplo sobre la mesa: “En la frontera de Perú-Bolivia hay un puesto policial, pero es como si no existiese, porque la fluidez del público que lleva y trae mercaderías a través del puente es bastante llamativo. No es un tránsito asolapado, sino muy abierto”.
Observa algunas aristas que desencadenan el descuido; entre ellas, la precaria dotación de herramientas de la PNP fronteriza para cumplir con su misión: “La Policía, en el tema de la comunicación y la logística interna, está muy limitada. Si hacemos un paralelo con otras actividades de gestión de la información, la carencia de comunicación oportuna para gestionar conflictos sociales o alertar es bastante notoria”.
Ruiz considera, además, que la consolidación de rutas “seguras” para las redes ilegales, el incremento del volumen de mercancía movilizada y el riesgo que se percibe entre la opinión pública configuran el “permiso” para el pase del contrabando y del tráfico ilícito.
“Los seres humanos se desenvuelven por incentivos y desincentivos. Si el incentivo es altísimo para cruzar mercadería, lo va a hacer. Al no haber una PNP que actúe con eficiencia, la logística de los contrabandistas se va a perfeccionar. Tienen más vehículos y más almacenamientos; sobre todo, en el caso de los cigarrillos. A ello se suma el soborno”, acota.
El puente de Desaguadero conecta las localidades fronterizas de Perú y Bolivia que llevan el mismo nombre. (Foto: Andina)
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¿Normalización delictiva?
El ecosistema que narra el vocero en gestión social da pie, asimismo, a “pequeñas” manifestaciones de la normalización de la ilegalidad tanto por parte de la PNP como de los ciudadanos.
“Para salir del país y pasar a Bolivia, debo ir a Migraciones a que sellen mi pasaporte, pero todo ese trámite puede durar hasta dos horas. Si no quisiera hacerlo, no pasa nada. Nadie se entera de que entré o salí de Bolivia, porque no hay un control serio respecto del flujo”, apunta.
Este diario ha abordado previamente notas sobre la “desenvoltura” del comercio ilegal entre estos dos países —y la exigua fiscalización—. Ocurre con el contrabando y/o el tráfico ilícito de materiales de construcción, cigarrillos, textiles, huevos y arroz.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
