A inicios de mes se advirtió que el número de reclamos de consumidores ante las distribuidoras de electricidad superó el millón el 2022: en un 53.4% correspondieron a cortes en el suministro y 33.8% a deficiencias en el servicio.
Según las últimas estadísticas disponibles de Osinergmin, las mayores interrupciones (registradas hasta el 2018) recaían principalmente (en duración y frecuencia) en las distribuidoras estatales, y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconoció que estas tenían problemas.
En esa ocasión, el viceministro de Electricidad, Jaime Luyo, había referido que esas distribuidoras (en manos del Fonafe) en su mayoría no tenía un funcionamiento óptimo, enfrentando problemas técnicos y administrativos.
En ese momento, señaló que las referidas distribuidoras le habían manifestado que el Fonafe no les permitiría invertir, lo cual consideró que tenía que ser cambiado, requiriéndose para ello un nuevo diseño de la gestión de esas firmas estatales.
El Fonafe responde
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), salió al frente de los cuestionamientos a las distribuidoras eléctricas bajo su ámbito.
Esa entidad explicó a Gestión que el presupuesto consolidado de las empresas (ingresos más gastos corrientes y de capital) tiene ciertos topes que se establecen en línea con la política fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual de Estado.
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Sin embargo, añadió que su normativa permite que, en caso una empresa tenga una necesidad operativa inesperada que afrontar, y no tenga marco presupuestal aprobado para ello, esta podrá ejecutarse siempre y cuando la empresa cuente con el financiamiento correspondiente.
Empresas reajustaron presupuesto
Fonafe detalló que durante el 2016 al 2022, aprobó un presupuesto inicial de S/ 7,052 millones, reformulándose luego, a requerimiento de las propias empresas, a S/ 6,261 millones, alcanzando una ejecución real de S/ 5,713 millones.
Reconoció que en los años de pandemia la ejecución de proyectos de infraestructura se afectó por paralizaciones y problemas con la importación de equipos necesarios para la industria, ante el cierre de puertos y falta de producción.
Sin embargo, en el 2022, añadió, el grado de cumplimiento del programa de inversiones de las 11 distribuidoras de electricidad fue de 137% del presupuesto inicial aprobado por Fonafe, lo que, remarcó, evidencia que no existe una restricción para que las empresas inviertan.
¿Y los reclamos de los usuarios?
Sobre la evolución de los reclamos (que según Osinergmin, el 2022, con más de 1 millón a nivel de distribuidoras habían crecido 4.8% respecto al 2021), el Fonafe señaló que esos reclamos deben ser desagregados por resultados y según tipo.
Así, citó como ejemplo que las empresas del Grupo Distriluz (Ensa, Enosa, Electrocentro e Hidrandina) manifiestan que 78% de estos reclamos son infundados y que un porcentaje menor al 10% corresponden a reclamos por calidad de suministro y producto.
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No resulta comparable la gestión de reclamos y denuncias en Lima con los que se reportan en provincias, debido a la notable diferencia entre factores geográficos, climatológicos, de densidad poblacional, de extensión de redes, de electrificación de zonas rurales, entre otros, indicó.
Frecuencia de interrupciones
Reportes de Osinergmin entre 2016 a 2022 refieren que los indicadores de interrupciones de suministros en frecuencia (Saifi) como en duración (Saidi) promedio de las empresas, excluyendo casos de fuerza mayor, han registrado una mejora, explicó.
Fonafe remarcó que se ha reducido la cantidad promedio de horas sin servicio eléctrico durante todo el año, de 21 horas en el año 2016, a 11 horas en el año 2022.
Además, se ha reducido la cantidad promedio de interrupciones que ocurren en un año, pasando de 11 veces en el 2016, a cinco veces el año que pasó.
Respecto a la necesidad de contar con un nuevo modelo de gestión de estas empresas eléctricas -como indicó el viceministro-, el Fonafe defendió el modelo actual de gestión de ese fondo.
Remarco que este ha permitido que, desde su creación en 1999, las empresas bajo su ámbito sean sostenibles económica y financieramente, sin demandar recursos del Tesoro, y que aportan al Estado dividendos que son redistribuidos a las empresas o transferidos al Erario Nacional.
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