Fitch confirmó el martes la calificación de grado de inversión de Perú, lo que disipa la preocupación de que la nación sudamericana se encaminara a territorio “basura”.
La agencia mantuvo la nota crediticia en “BBB”, el mismo nivel que Moody’s y dos escalones por encima de la calificación “basura”, y elevó su perspectiva de negativa a estable. S&P Global Ratings, por su parte, mantiene a Perú en el grado de inversión más bajo tras una rebaja en abril.
“En medio de una mayor volatilidad política que condujo a una recesión económica el año pasado, la formulación de políticas sólidas ha respaldado una recuperación económica este año y ha preservado una amplia estabilidad macrofinanciera”, señaló Fitch en un comunicado.
La decisión es la segunda buena noticia para el gobierno peruano en dos meses, después de que Moody’s elevara en septiembre su perspectiva sobre Perú de negativa a estable, aduciendo las reformas políticas. Ese anuncio tomó a algunos por sorpresa, después de la decisión de S&P en abril de reducir su calificación en un nivel, diciendo que la agitación política estaba obstaculizando los intentos de reconstruir las reservas fiscales.
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Perú sigue siendo motivo de preocupación. Su déficit fiscal aumentará hasta el 4% del producto interno bruto este año, superando el límite del 2.8% fijado por el Congreso por segunda vez consecutiva. El déficit ha aumentado debido a la caída de los ingresos fiscales y a un amplio programa de inversión pública destinado a impulsar el crecimiento en Perú, que entró en recesión el año pasado.
Tras contraerse un 0.6% en 2023, el segundo peor desempeño en más de 30 años, la economía peruana empezó a recuperarse en 2024, apoyada por el alza de los precios del cobre. Su recuperación ha superado las expectativas y el gobierno confía en que la economía crezca más del 3% este año.
Sin embargo, el país lucha por encontrar cierta estabilidad política después de haber tenido siete presidentes en ocho años. Dina Boluarte, una de las mandatarias más impopulares del mundo, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito.
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