La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República tiene en agenda el debate de la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pese al pedido de diversos gremios económicos para no se apruebe una medida de este tipo.
El mes pasado, el grupo de trabajo que preside Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) inició la discusión de un predictamen que propone prorrogar este registro hasta fines del 2026. Ante la oposición de varios legisladores, se aprobó una cuestión previa para que el documento sea objeto de un mejor estudio. Para dicho fin, se convocará a una mesa técnica con la participación del ministro del sector, Luis Bravo de la Cruz, y otras autoridades.
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Entre las iniciativas legislativas que se presentaron figuran las que proponían ampliar el Reinfo hasta fines del 2026 y del 2028, respectivamente. Es más, se planteó la reincorporación al proceso de formalización minera integral de las 50,560 personas naturales y jurídicas que fueron excluidas en julio pasado, algo que fue calificado de preocupante.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso convocará a una mesa técnica para evaluar la posible ampliación del Reinfo. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Todas estas propuestas no pasaron desapercibidas en el Ministerio Público. Dicha institución mostró su preocupación por lo que se pueda aprobar en el Congreso.
“El Reinfo tuvo en su momento un plazo para que las personas se inscribieran y, terminado ese plazo, se cerró. Hemos conocido que uno de los proyectos de ley pretende no solo la ampliación del proceso de formalización, sino la reapertura del Reinfo para que se puedan inscribir los mineros”, indicó a Gestión la fiscal superior adjunta de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Ana Trillo Delfín.
La fiscal consideró que la ampliación del proceso de formalización minera “no es la medida más adecuada para poder solucionar la situación del pequeño minero y minero artesanal”.
Recordó que la justificación de los mineros informales y de los que apoyan esta propuesta para ampliar el Reinfo es que el proceso es “muy engorroso y que implica muchos gastos para poder formalizarse”, entre otros argumentos.
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“Nosotros siempre nos preguntamos si esos problemas que no se han podido solucionar en casi 23 años que tiene el proceso de formalización minera, se solucionarían con una ampliación más. Qué medidas adoptaría en esta oportunidad el Gobierno para que creamos en la certeza de que finalmente se va a poder cumplir con este proceso de formalización y que no se convierta en una ventana abierta para que los que hacen minería ilegal logren escudarse como mineros informales”, apuntó.
Respecto a la posibilidad de que los más de 50,000 mineros excluidos del Reinfo en julio pasado se reincorporen en dicho registro, Trillo advirtió que en caso se apruebe esta medida se restaría credibilidad a todos los esfuerzos que hizo el Gobierno anterior.
“La Dirección de Formalización Minera del Minem, que fue la que expidió el acto administrativo correspondiente, lo hizo porque se verificó de que los asientos mineros de estas más de 50,000 personas no reportaban ningún tipo de actividad en los últimos dos años”, acotó.
Desde el Ministerio Público se opusieron a la ampliación del proceso de formalización minera. Foto: difusión.
APOYA ELIMINACIÓN DEL “ESCUDO LEGAL” QUE TIENEN LOS MINEROS DEL REINFO
Gestión supo que, al menos, dos bancadas (Fuerza Popular y Avanza País) alistan, por separado, unos proyectos de ley con la finalidad de eliminar el Decreto Legislativo 1351 y su disposición complementaria final, que brinda una protección legal a los mineros que se encuentran en este registro.
Hasta ahora, Acción Popular, Honor y Democracia, Somos Perú y Renovación Popular se mostraron a favor de derogar esta especie de “escudo legal” que tienen los mineros informales, quienes no pueden ser objeto de investigación, ni mucho menos ser intervenidos.
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Al ser consultada por este tema, la fiscal de la FEMA se mostró sorprendida por este cambio de posición en el Parlamento, al recordar que en el pasado se han aprobado iniciativas legislativas que perjudicaron la lucha contra la minería ilegal.
“En realidad sería una grata sorpresa, porque entenderíamos que de cierta manera se estaría reflexionando en el Congreso sobre qué tan perjudicial es blindar al 100% este proceso de formalización minera que, a todas luces, no está siendo efectiva e, incluso, hasta de cierta manera se desnaturalizó”, señaló.
“Me parecería bien, porque, por lo menos, sería un ‘granito de arena’ que nos podría ayudar en toda esta lucha que se hace contra el tema de la minería ilegal”, agregó la fiscal, tras precisar que este tema debería ser incluido en el debate que realiza la Comisión de Energía y Minas.
La minería ilegal avanza en el país y actualmente es factor de contaminación de diversos ríos y bosques. Fuente: Mindef
Trillo insistió en la necesidad de derogar el DL 1351, al señalar que es confusa y no hace una diferenciación en qué casos aplica: reinfos suspendidos o vigentes. Además, dijo que esta norma evita que se pueda fiscalizar a los mineros que estarían haciendo sus actividades sin respetar los instrumentos de gestión ambiental.
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“Nosotros entendemos, en teoría, que si el minero tiene un reinfo suspendido, no puede hacer actividad minera; sin embargo, la norma tal y como está no te hace una diferenciación en que esta exención de responsabilidad penal sea para un reinfo suspendido o para uno que está vigente. Simplemente dice reinfo; entonces, hemos tenido casos de mineros con el reinfo suspendido haciendo esta actividad y el fiscal no puede intervenirlos”, remarcó.
La mayoría de estos casos ocurre en Pataz (La Libertad). Según estimó la fiscal, de cada 4 o 5 actividades mineras que son intervenidas, una de ellas siempre sale bien librada debido a que su titular saca su Reinfo e impide la labor de las autoridades.
“Hemos tenido situaciones en las cuales valerosamente varios fiscales se han atrevido aún así a intervenir, pero luego han sido plausibles de denuncia por abuso de autoridad y por muchas cosas más, porque estas personas recurren a esta protección. También muchas veces se escudan en eso y no se pueden hacer las constataciones ni verificaciones in situ porque ellos no te dejan pasar más allá de la puerta de entrada de su concesión”, cuestionó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
