Foto: Andina.
Foto: Andina.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura () y 11 países de Latinoamérica, lanzaron un portal web para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

En ocasión del primer Día Internacional contra la Pesca Ilegal, un comunicado difundido por FAO en Panamá, que alberga la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica, indicó que la red reúne a Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Esta permitirá a los países compartir experiencias, información sobre sus barcos y leyes y fomenta acciones de cooperación Sur-Sur, como el curso de formación de inspectores de barcos que realizaron Chile y Perú.

De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, se estima que la afecta a uno de cada cinco peces capturados, que puede llegar a mover cada año hasta 26 millones de toneladas y US$ 23,000 millones.

"La pesca ilegal extrae millones de dólares de los bolsillos de los pescadores y empresas que sí cumplen con la ley en Latinoamérica y el Caribe. Al no estar reglamentada, devasta la biodiversidad marina y afecta las economías nacionales", explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

Aunque no hay datos precisos sobre el en la región, afecta a 2.4 millones de personas que se dedican a la actividad oficial y la acuicultura en el continente y a todos quienes consumen pescado en sus dietas.

En cuanto al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), en vigor en el 2016, es el primer pacto internacional dirigido de forma específica a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Hasta el momento son miembros 54 Estados y la Unión Europea (UE), que han comenzado a aplicar sus disposiciones.

"Para que el AMERP alcance plena eficacia, necesitamos que se sumen todos los países", aseguró el director general de la FAO, José Graziano da Silva, en un acto paralelo celebrado durante el Consejo de la FAO con ocasión de este día internacional.

El AMERP reduce incentivos para buques que operan ilegalmente, negando su acceso a los puertos y, por tanto, limitando su capacidad para desembarcar sus capturas e impide que los productos pesqueros obtenidos de forma ilícita lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

Estadísticas de la FAO destacan que cerca del 10% de la población mundial depende directamente de la pesca para su sustento. Pero la sostenibilidad de este importante sector socioeconómico se encuentra gravemente amenazada por la .

La pesca INDNR tiene un impacto negativo en los medios de subsistencia, las poblaciones de peces y el medio ambiente. La pesca ilegal amenaza igualmente los progresos hacia la gestión sostenible de la pesca, que es uno de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El AMERP también se complementa con otros instrumentos, como las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón de la FAO y las Directrices voluntarias para sistemas de documentación de las capturas, introducidas por la FAO en el 2017 para permitir una trazabilidad mejor y armonizada del pescado en la cadena de valor.

El Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro -operativo desde el 2017- es un registro certificado a nivel estatal con información sobre embarcaciones que participan en y es un elemento que apoya la implementación del AMERP y del seguimiento, control y vigilancia de la pesca.